Durante la mañana de ayer la sede de la clínica iDental en El Puerto, ubicada junto al centro comercial Bahía Mar, fue objeto de un nuevo registro, en este caso ordenado por la Audiencia Nacional. Esta orden afectaba a todas las sedes de la cadena dental low cost en todo el país, un total de 23 establecimientos en los que la Policía Nacional entró en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes. En Andalucía los registros se efectuaron en la sede de El Puerto y en las de Almería, Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Los registros se realizaron en el marco de la operación 'Apolonia' y perseguían, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos con imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar.

La asociación Facua agrupa ya a unos 4.000 afectados por el cierre de la clínica

Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional movilizó a unos 300 efectivos.

El juez José de la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en ocho comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes. En aquella ocasión también fue registrada la sede portuense.

Se estima que en todo el país puede haber 400.000 afectados, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias. El juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.

Por su parte la asociación de consumidores Facua anunció ayer que está recopilando toda la información necesaria para representar a los afectados de iDental en la causa abierta en la Audiencia Nacional. La asociación solicitó su personación como acusación particular el pasado mes de julio y agrupa ya a más de 4.500 afectados.