Tras el segundo día de paros parciales en los autobuses urbanos, producido en la mañana de ayer, sigue sin haber un acercamiento de posturas entre la empresa concesionaria del servicio, GDF, y el comité de trabajadores. No obstante, en la tarde de ayer la compañía mostró por primera vez su disposición a sentarse en una mesa a negociar con los representantes de la plantilla y el Ayuntamiento. Se confía desde el colectivo de trabajadores que este encuentro pueda celebrarse a lo largo de la jornada de hoy. No obstante, ayer se volvió a hacer un paro parcial en el servicio y la plantilla acudió a la sesión plenaria que se celebró en la mañana de ayer en el Ayuntamiento.

Ahora han trascendido nuevos detalles sobre los pormenores de este conflicto laboral que ha provocado la convocatoria de huelga parcial durante varias jornadas entre las siete y las diez de la mañana (la próxima está prevista para el viernes). Los trabajadores demandan una serie de mejoras salariales (pago de la antigüedad así como pluses por trabajar en domingo o por peligrosidad) y sociales (reducción de la jornada de 39 a 35 horas y dos días de descanso por semana). Y ayer ya se supo el coste que supondrá estas mejoras, unos 180.000 euros. El problema radica en determinar quien debe asumir este coste, si la concesionaria o el Ayuntamiento. GDF, hasta ahora, ha mostrado una actitud contraria. Rompió las negociaciones y, hasta ayer, los contactos que mantenía con el comité. Mientras, el Ayuntamiento asegura que no tiene capacidad para asumir este sobregasto.

El problema de fondo radica en el modelo de la explotación de este servicio. GDF es la concesionaria mediante una fórmula de gestión interesada, un sistema que establece que la empresa se garantiza un beneficio mínimo anual (el denominado beneficio industrial) mientras que el Ayuntamiento se hace cargo del déficit. Desde 2003, tal y como está recogido en los planes de explotación que ha ido aprobando el Ayuntamiento anualmente, la aportación municipal se ha triplicado. Así de los 800.000 euros que pagó en 2003 ha pasado a algo más de 2,6 el pasado año. Cualquier mejora salarial conlleva un incremento del gasto que no quiere asumir la empresa.