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Medio Ambiente supervisó en 2013 cinco derribos de construcciones ilegales

  • La última demolición, el pasado diciembre, fue la de una vivienda de madera en El Palmar

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La delegación territorial de Medio Ambiente de Cádiz supervisó el año pasado cinco demoliciones de construcciones que habían sido levantadas de manera ilegal en zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre o en espacios naturales protegidos. El último derribo se produjo el pasado diciembre: el de una vivienda de madera instalada sin autorización alguna en El Palmar, perteneciente al municipio de Vejer.

Una sentencia de un Juzgado de lo Penal ordenó demoler la vivienda y la operación fue realizada voluntariamente por el propietario. Agentes de Medio Ambiente comprobaron el cumplimiento de la orden, que incluía el desmantelamiento de la casa y también la demolición de la plataforma de hormigón sobre la que se hallaba anclada.

También fueron supervisadas por agentes de Medio Ambiente las otras cuatro demoliciones del año pasado ordenadas por sentencias de Juzgados de lo Penal, según la información proporcionada por el gabinete de prensa de la delegación territorial de Medio Ambiente.

Una de ellas se produjo también el pasado mes de diciembre. En este caso, se trataba del derribo de una edificación de 25 metros cuadrados y de la ampliación de la caseta de un pozo en la zona de Los Alamillos, en el municipio de Grazalema. La construcción fue levantada ilegalmente en terrenos del Parque Natural Sierra de Grazalema. La orden de demolición figuraba en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez.

En abril de 2013 hubo dos demoliciones. En la zona de El Calvario, en el municipio de Zahara de la Sierra, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, fue derribada una edificación de 50 metros cuadrados. Fue cumplida así la orden de una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez.

La segunda demolición de ese mes remite de nuevo a El Palmar, en Vejer. Allí fue derribada una edificación de 98 metros cuadrados que se encontraba en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. La orden figuraba en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz.

La quinta demolición se produjo en enero de 2013 en una vía pecuaria, la Colada de Bornos, en el municipio de Arcos: una placa de hormigón de una edificación construida ilegalmente. Fue demolida en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez.

Desde el año 2000, la lucha de la Consejería de Medio Ambiente contra las viviendas ilegales se ha traducido en 23 demoliciones de construcciones levantadas de manera ilegal en zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre o en espacios naturales protegidos. Muchas de las denuncias realizadas por los agentes de Medio Ambiente están relacionadas con obras que carecían de autorización ambiental o licencia de obras, o que incluso no es posible autorizarlas porque están enclavadas en suelos con una protección especial o en terrenos de propiedad pública.

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