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Medio Ambiente abrió 38 expedientes por obras ilegales en la costa de La Janda

  • Las construcciones susceptibles de sanción se encontraban en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre de los municipios de Barbate, Conil y Vejer

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La delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz abrió en los últimos dos años 38 expedientes sancionadores tras detectar construcciones que se estaban realizando sin autorización alguna en la costa de La Janda. La obras denunciadas, no sólo de viviendas, se encontraban en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre de los municipios de Barbate, Conil y Vejer.

Según los datos proporcionados por el gabinete de prensa de Medio Ambiente, 19 de los 38 expedientes sancionadores fueron abiertos por construcciones localizadas en la costa de Vejer. Otros 13 expedientes fueron tramitados por obras ilegales en la franja costera del municipio de Barbate. Y los 6 restantes corresponden a posibles infracciones detectadas por agentes de Medio Ambiente en el litoral de Conil.

Los agentes de Medio Ambiente también denunciaron obras ilegales en vías pecuarias de dos de esos tres municipios de La Janda en los últimos dos años. Un expediente fue abierto en Barbate y otro, en Vejer.

A esos expedientes tramitados por los agentes de Medio Ambiente se suman otros cuatro relacionados con obras en un espacio natural protegido. Dos corresponden al municipio de Barbate, por la construcción de un almacén y por la apertura de puertas en un monte público. Los otros dos fueron abiertos en Vejer, uno de ellos por la instalación de una malla. En total, la delegación territorial de Medio Ambiente abrió en los últimos dos años 44 expedientes sancionadores por obras en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, en vías pecuarias y en espacios naturales protegidos en los municipios de Barbate, Conil y Vejer.

Los expedientes sancionadores derivan de las denuncias de los agentes de Medio Ambiente encargados de vigilar esas zonas. La mayoría de los expedientes se resuelven con órdenes de demolición de lo ilícitamente construido o bien de restauración de la zona a su estado anterior, señala la Consejería de Medio Ambiente. En muchos casos, los propietarios no cumplen esas órdenes y el asunto termina con una orden judicial de derribo que es ejecutada de forma subsidiaria por la consejería.

Como indican los datos relativos al litoral de La Janda y a los tres municipios costeros de esa comarca, la mayoría de las obras y construcciones ilegales denunciadas son emprendidas en la zona de servidumbre de protección de costas, una franja de territorio litoral cuya gestión es competencia autonómica, o bien en espacios naturales protegidos. El resto, y en menor medida, se distribuye entre construcciones realizadas en vías pecuarias y en terrenos forestales. Los agentes de Medio Ambiente no se limitan a redactar las denuncias, anota la consejería, sino que su labor incluye la elaboración de informes, notificaciones de apertura de expediente sancionador, órdenes de paralización de obras y propuestas de resolución, así como instalación de precintos. También tienen encomendada la vigilancia continuada de las construcciones una vez que han sido expedientadas. Las denuncias originan el correspondiente expediente sancionador en vía administrativa y son trasladadas a la Fiscalía en cuanto se observa el más mínimo indicio de que se ha cometido un delito.

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