La última brigada política subversiva en la que a uno le consta que haya militado el fotógrafo de prensa gaditano Rafael Marchante es la de los Bomberos de calendario. La peligrosa y veterana chirigota callejera volvió a actuar con nocturnidad en los recientes Carnavales de Cádiz dejando heridos de risa a cientos -quizá a miles- de aficionados, a golpe de cuplés. Bien es cierto que alguna de las coplas que Marchante se atrevió a cantar este año consiguieron tambalear los mismísimos cimientos de la democracia y la monarquía españolas. En cualquier caso, el único arma que se le vio empuñar, en vez de su inseparable Canon EOS 1, fue un par de contundentes palos cuarteteros.

Sus inicios como activista periodístico arrancaron en un rotativo local cuasi clandestino, el Cádiz Información. Luego fue captado por una sospechosa publicación marginal, el periódico El País, para la que estuvo trabajando varios años en Málaga. Su conflictiva labor le valió una condena en 2002, la del Premio Andalucía de Periodismo, que le concedió el Gobierno separatista de la Junta de Andalucía, precisamente por un sesgado reportaje sobre inmigrantes. Quizá esa pena ayudó a que los responsables de una organización internacional con sede en Londres, dedicada al tráfico de información a gran escala, la agencia de noticias Reuters, le fichase en 2006 para trabajar en el Magreb.

Con esos antecedentes de agitador político, no es de extrañar que de vuelta a su trabajo como corresponsal gráfico en Rabat, el Ministerio de Comunicación marroquí haya decidido retirarle la acreditación de la que disfrutaba desde hacía tres años. Ni tampoco resulta raro que sea el mismo departamento gubernamental el que justifique públicamente su decisión a través de un comunicado oficial difundido por la mismísima Maghreb Arabe Presse, la Efe del país vecino. A Rafael Marchante se le retira la acreditación "porque se comportaba como un adversario político", dice la agencia citando textualmente el comunicado oficial. Y también por "trabajar, sin declararlo, para varios órganos de prensa". El Ejecutivo marroquí basa su decisión en "el incumplimiento de las normas de la profesión" por parte del informador gráfico, "que fue acreditado en Marruecos para ejercer libremente su misión y no para comportarse como adversario político bajo la cobertura del privilegio periodístico". Lo que no dice el ministerio es que, sólo durante 2008, Marchante sufrió cuatro agresiones por parte de las fuerzas policiales cuando desempeñaba su trabajo: tres de ellas mientras cubría manifestaciones de licenciados en paro en demanda de empleo y la última, durante la realización de un reportaje en Boya Omar. Ni que llegaron a romperle la acreditación y a quitarle un equipo fotográfico valorado en 6.000 euros.

A la retirada de la acreditación, que supone de hecho una expulsión laboral del país que el Gobierno marroquí niega, Reuters ha respondido con otro comunicado en el que expresa su "profundísima decepción". La agencia británica recuerda que Marchante "ha actuado siempre con integridad, independencia y con imparcialidad" reflejando numerosos aspectos de la vida en Marruecos, cubriendo eventos culturales y de entretenimiento, además de deportes, negocios y noticias de información general y política". Por último, solicita al Gobierno de Marruecos que pueda "volver al trabajo sin demora".

Fuentes cercanas al caso informan de que desde las embajadas británica y española en Rabat ya han solicitado una entrevista con el ministro de Comunicación. Mientras tanto, los periodistas malagueños están bombardeando con una carta-tipo el correo electrónico del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Y en Facebook se ha montado una plataforma de apoyo al periodista gaditano. Vaya desde Cádiz el nuestro, ahora que estamos a punto de celebrar el Bicentenario de la Constitución que consagró la Libertad de Expresión.