El catedrático de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, ha expresado sus dudas sobre que la crisis económica sea el mejor contexto para abordar una modificación de la Ley de Costas, interpretando del borrador presentado que parece "beneficiar a unos pocos" y que "se asimila bastante a una privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)". Advierte de que hay cuestiones "fundamentales" que han sido "incomprensiblemente ignoradas" y que, de no introducirse, la iniciativa puede derivar en "una oportunidad perdida".

En declaraciones a Europa Press, Barragán dejó ayer claro que la administración del litoral "exige mejoras sustanciales" y, por tanto, cualquier modificación de la vigente Ley de Costas o nuevas aportaciones de la anunciada Ley de protección y uso sostenible del litoral generan "justificadas expectativas". Sin embargo, exceptuando las facultades atribuidas al delegado del Gobierno para intervenir ante actuaciones que amenacen la integridad del DPMT, el borrador del anteproyecto "no destaca por medidas innovadoras o ambiciosas en lo que concierne a la protección, conservación y recuperación de ecosistemas litorales".

Aseveró que "hay temas que deberían ser tratados y que incomprensiblemente fueron ignorados". Entre ellos, citó la ejecución de las demoliciones de las "miles de segundas residencias ilegales en DPMT o en Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)", así como la ausencia de criterios e incentivos para recuperar o restaurar, parte al menos, del litoral perdido o degradado en las últimas décadas. Tampoco entiende que hayan sido "ignoradas de forma absoluta" las "consecuencias previsibles" del cambio climático.

Aplaudió que el borrador introduzca mecanismos encaminados a mejorar la transparencia y la información a los usuarios (papel de los Registros de la Propiedad), aunque confesó no tener tan clara la bondad de los nuevos criterios aportados para delimitar el deslinde del DPMT. En este sentido, apuntó que "da la impresión de que el borrador ha sido redactado para favorecer sólo a unos determinados grupos de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT".

Destacó el "especial trato" que da el texto de la reforma a la dimensión económica, lo que se refleja en el mero hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir, "a tres generaciones vista", lo cual consideró "un exceso". Una vez aplicado, supondrá excluir del deslinde a "bastantes instalaciones y edificios", preguntándose "quién pagará las obras de su defensa costera o los daños que ocasione el mar en esas mismas edificaciones".

El catedrático concluyó que si el borrador propuesto marca finalmente la estructura y el contenido de la futura Ley para la gestión del litoral, hace presumir que "no mejorará la protección y recuperación de los sistemas litorales, no tendrá capacidad para afrontar temas nuevos o esenciales, no facilitará la gobernanza en un ámbito tan problemático y no modernizará nuestro obsoleto e ineficaz modelo de gestión pública".