La incidencia de los accidentes laborales es mayor en las pymes, en particular en empresas del sector servicios y la construcción de entre 5 y 10 trabajadores, que están más expuestos a la siniestralidad por el menor uso de los elementos de seguridad individual. Pero la dimensión económica de las empresas no puede ser un impedimento para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Frente a este planteamiento arcaico y erróneo, por el que se estaría vulnerando el derecho fundamental de los trabajadores de las pymes a la seguridad y salud laboral, el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández explicó ayer en la inauguración de las jornadas técnicas sobre La prevención de riesgos laborales en las pymes organizadas por el Grupo Joly, empresa editora de Diario de Cádiz y otras ocho cabeceras en Andalucía, que la seguridad y la salud en el trabajo son derechos irrenunciables para todos los trabajadores, independientemente de la empresa que los contrate,

Las pymes, junto a la formación, se han convertido en objetivo prioritario en las políticas preventivas de las Administraciones públicas, también de la autonómica, en un intento de impulsar la apuesta por la seguridad y la salud laboral en las pequeñas empresas, "entendida como una inversión, y no un gasto".

La Junta parte de una premisa básica, "no se puede legislar para máximos para luego rebajar para las pymes, sino que se tiene que legislar sobre la realidad de la política económica y de la actividad empresarial, que básicamente son pymes, y de ahí trasladarla a las grandes empresas". Con estas palabras, el consejero vino a subrayar que el nuevo enfoque requiere un doble compromiso de las Administraciones, de un lado, para apoyar con medidas económicas y técnicas el desarrollo de inversiones en materia de prevención de riesgos laborales; de otro, para diseñar las normas a la medida de las pymes, el principal eslabón del tejido empresarial español y andaluz.

En el primer apartado, la Junta de Andalucía ha destinado a través de los sucesivos planes generales de prevención de riesgos laborales cerca de 15 millones de euros en el periodo 2003-2007, de los que 11 millones fueron para empresas de la construcción, las que más accidentes laborales registran, y el resto para pymes en general. El ejercicio de 2008 se cerrará además con una previsión de concesión de otros seis millones, que elevarán por encima de 20 el total.

En el segundo, el de la formación, y entre otras muchas medidas destinadas específicamente a las Pymes en el marco de la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo 2009-2012, en fase de elaboración, Fernández avanzó ayer la creación de una escuela permanente de prevención para propietarios de pymes, iniciativa a la que se unirán las actuaciones formativas e informativas, así como las acciones de asesoramiento público al empresario para la organización de actividades preventivas.

"Las empresas pueden ser pequeñas, pero las ideas no tienen por qué serlo. Las pequeñas empresas están llenas de grandes ideas, y nuestro trabajo como Administración pública es hacer todo lo posible para que estas ideas triunfen y las empresas se consoliden", explicó el consejero andaluz, quien subrayó que "las pymes son empresas de calidad, que merecen unos servicios de calidad, para que generen empleo de calidad".

Las jornadas reunieron ayer en el hotel Los Jándalos a un amplio elenco de responsables institucionales, expertos en la materia y representantes de los sindicatos y los empresarios, quienes alimentaron el debate en torno a la situación actual y el futuro de la prevención de riesgos laborales, si bien el jefe del gabinete de innovación y programas preventivos de la Consejería de Empleo, Vicente Gallardo, echó en falta durante la clausura de la jornada que se hiciera algo más de hincapié en el enfoque específico hacia las pymes.

A modo de resumen, Gallardo hizo un repaso por algunos de los principales asuntos puestos sobre la mesa por los ponentes, entre los que destacó la responsabilidad compartida de todas las partes implicadas en la prevención al no haber logrado en los 15 años de normativa sobre la materia bajar los índices de siniestralidad laboral en Andalucía. Pese a que "no hemos logrado ni la mitad de los objetivos -señaló-", el responsable autonómico animó a las administraciones, los sindicatos y los empresarios a aprender de los errores del pasado para seguir adelante en la lucha por alcanzar un objetivo común, "el derecho de los trabajadores a la protección".

"Desde la Junta vamos a mantener los incentivos y ayudas para mejorar en las ideas que creemos que pueden contribuir a reducir la siniestralidad, pero también incluyendo las aportaciones que realizan los agentes económicos y sociales a través de la concertación", explicó Garrido, quien agradeció que tanto sindicatos como empresarios fueran ayer "claros y concisos" en sus planteamientos.

En representación de UGT y de la patronal de empresarios (CEA), Concepción Sánchez y Eugenio Gil, respectivamente, reclamaron en la mesa redonda con la que finalizó el turno de ponencias una mayor participación de los trabajadores en las políticas y procesos para mejorar la prevención, por parte de la responsable sindical, y planes más acordes con las limitaciones de las pymes, por parte de los empresarios.