Más de un año y medio después de la entrada en vigor en todo el territorio nacional de la Ley de Dependencia, el 1 de enero de 2007, y tras nueve meses desde que se comenzase a aplicar en la comunidad autónoma, en agosto del mismo año, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha registrado un total de 19.044 solicitudes de algún tipo de prestación o servicio procedentes de la provincia de Cádiz, informaron fuentes del departamento que encabeza Micaela Navarro.

Según las mismas fuentes, de esas 19.044 solicitudes recibidas a 23 de mayo pasado y remitidas por residentes gaditanos, se han valorado ya 16.654, cifra que representa un porcentaje de resolución del 87,5%. De estas últimas peticiones ya valoradas, 9.886 corresponden a grandes dependientes y 1.587 a dependientes severos en grado 2 y nivel 2, que son los que, según la ley, tienen derecho a ser atendidos este año. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, asegura que hasta el 23 de mayo pasado son 6.838 beneficiarios los que reciben algún tipo de prestación, si bien no precisó qué tipo de prestación o servicio perciben.

A falta de datos oficiales de solicitudes recibidas en el resto de provincias andaluzas -este periódico las pidió pero la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dijo no disponer de ellas- la única comparación posible que se puede establecer es con el total de solicitudes recibidas y resueltas en la comunidad autónoma. Según las cifras publicadas el pasado 3 de junio por este medio, procedentes del Ministerio de Educación, Políticas Sociales, en Andalucía se han presentado más de 118.857 peticiones, de las cuáles se han valorado un 76,22%. El número de dependientes que ya reciben algún tipo de prestación está en torno a los 40.000 en toda la comunidad autónoma, según estimación del Ministerio. En una reciente visita a la Sierra de Cádiz, María José Castro, directora general de Personas Mayores fue más allá y elevó a más de 130.000 los expedientes recibidos de toda la comunidad autónoma.

Hasta aquí los datos oficiales. Donde éstos terminan, comienza una polémica que alimenta el Partido Popular, que reduce a 74.000 las solicitudes recibidas y a un 15% de éstas las finalmente resueltas con ayudas; las indignadas denuncias de algunos solicitantes, que se han topado con valoraciones o incompatibilidades no esperadas -en la página 4 de esta edición se recogen testimonios- y algunos ayuntamientos a los que las cuentas no les salen y critican demoras que consideran inaceptables.

Este último es el caso del Consistorio de Cádiz, que llegó a denunciar la muerte de 103 solicitantes a la espera del Plan Individualizado de Atención (PIA). En la capital gaditana sólo se han aprobado 207 planes de ayuda del total de 2.003 solicitudes contabilizadas. De esas, 884 cuentan ya con un PIA elaborado por los servicios sociales municipales. Por ahora, 207, como se ha apuntado, son los que han salido adelante. El Ayuntamiento se queja de los escasos recursos que se les ha asignado para hacer frente a la demanda y de la lentitud en la tramitación por parte de la Junta.

Al de San Fernando no le cuadran los números y mantiene una guerra de cifras epistolar y mediática con la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Manuela Guntiñas. Según el Consistorio isleño, el número de expedientes enviados a la Junta a finales del año pasado se cifra en 856, de un total de 1.100, mientras que la Delegación sólo admite haber recibido 55 propuestas y acusa a los servicios municipales de tener pendientes otros 200. Hasta finales de abril, los Servicios Sociales municipales dicen haber iniciado 1.150, de los que se han valorado 561 -todos correspondientes a grandes dependientes, de nivel 2- y se han aprobado definitivamente 38.

En El Puerto, el total de expedientes en trámite, a 15 de mayo, ascendía a 1.075, de estos se aceptaron 984, se valoraron 499 y se elaboraron 200 Planes Individuales. Las resoluciones definitivas fueron 70, que se reparten en 32 ayudas a domicilio, 19 de atención en residencia particular, 21 servicios de día y noche y 124 prestaciones económicas. La mayor parte de los expedientes resueltos (312) se corresponden a grandes dependientes del nivel 2 y 114, a grandes dependientes del nivel 1.

En Chiclana, a 19 de abril, las peticiones fueron 412 desde 2007 y 239 en 2008, la mayor parte para mujeres. El año pasado se resolvieron 66 y éste 48, que culminaron el ejercicio anterior en 24 prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales y en otras 24 de ingreso en centro residencial para mayores. En 2008 se elaboraron 201 PIA, 130 se enviaron a la Delegación.

En Algeciras, 29 personas, la mayoría dependientes severos, son atendidos en el centro de la Asociación para la Coordinación de la Asistencia Socio-sanitaria (ACASA), que desde hace cuatro años trabaja para el Ayuntamiento y vehicula muchas de las prestaciones que brinda la Ley de Dependencia. Las solicitudes llegan a un millar. En 2007, se atendieron a domicilio 238 unidades familiares y 41 se han incorporado este año.

En Jerez, a finales del pasado mes de mayo, se habían recibido 3.081 solicitudes y realizado 1.240 valoraciones por parte de la Consejería. Además se elaboraron 880 planes individuales de atención y se ha llegado a 625 resoluciones.

Esos son los números, pero la percepción en todos los municipios citados es que las resoluciones no son ni suficientes ni lo ágiles que debieran.