La Mesa del Turismo, en la que están representados la Junta de Andalucía, los empresarios y los sindicatos, se reunirá el lunes para cerrar los términos del decreto regulador de la industria del golf en la región. El documento final, ya en manos de los distintos agentes sociales, permite la construcción de viviendas sólo en los campos de golf que cumplan una serie de requisitos técnicos estrictos en cuanto a calidad del juego e integración medioambiental, y que serán clasificados como complejos de "interés autonómico", tal y como adelantó Diario de Cádiz en informaciones publicadas en mayo y junio del año pasado.

Una comisión técnica, participada por la Viceconsejería de Turismo y cuatro direcciones generales de las áreas de Turismo, Deporte, Medio Ambiente y Obras Públicas, gestionará la concesión de esta certificación andaluza y decidirá los usos residenciales que podrán incluirse en cada uno de los proyectos privilegiados, según precisó ayer Europa Press.

La Junta ha reiterado su voluntad de que los complejos de golf se construyan en las zonas de expansión urbanística de los municipios para evitar la creación de diseminados. Esta exigencia se regulará a través de los diversos planes de ordenación del territorio, que determinarán qué se puede hacer y qué no en cada comarca andaluza, si bien la comisión técnica del Gobierno regional puede abrir puertas a la construcción de proyectos excepcionales en suelos no urbanos.

Entre los requisitos para que los proyectos accedan a la categoría de interés autonómico y, por tanto, a la explotación residencial, el decreto fija una superficie mínima de 70 hectáreas para un recorrido de 18 hoyos, con una longitud de juego de 6.000 metros y amplias distancias entre las distintas calles, y entre el terreno de juego y las primeras edificaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del juego.

En el capítulo de requisitos ambientales, el documento demanda la apuesta por la mejora del paisaje mediante reforestación; la reserva de espacio para especies de bajo consumo hídrico; la protección de la fauna y el bajo impacto visual de las instalaciones, entre otras estrategias. Los proyectos también deberán acreditar la disposición de recursos hídricos suficientes en calidad y cantidad, e incluir un plan de conservación del agua.

Los sindicatos UGT y CC OO valoraron ayer el documento redactado por la Junta y expresaron su disposición llegar a un rápido consenso con la Administración y también con los empresarios, aunque anunciaron que harán aportaciones al texto, según informó Efe. UGT demandará la participación de los agentes sociales en la comisión encargada de clasificar los proyectos.

El Gobierno andaluz busca un triple objetivo con el decreto que prevé aprobar en febrero: evitar que los campos de golf "se conviertan en jardines con hoyos rodeados de casas" -en palabras del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías-; satisfacer a los promotores, que han insistido en la imposibilidad de rentabilizar sus inversiones sin vender viviendas; y favorecer la consolidación de Andalucía como destino turístico ligado al golf, tal y como ha reclamado la Consejería de Turismo en la redacción del texto.