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La Junta aclara que las cámaras del tranvía ya se ajustan a la legalidad

  • La instalación ha asumido todas las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar la privacidad ciudadana

El tranvía, en fase de pruebas, en uno de los tramos de su recorrido por la calle Real, de archivo. El tranvía, en fase de pruebas, en uno de los tramos de su recorrido por la calle Real, de archivo.

El tranvía, en fase de pruebas, en uno de los tramos de su recorrido por la calle Real, de archivo. / román ríos

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía negó ayer rotundamente que el sistema de videovigilancia implantado al hilo de las obras del tren-tranvía estuviera en tela de juicio e intentó desinflar la denuncia de la formación política Plataforma 3R -gestada hace tres años al calor del movimiento antitranvía- al asegurar que todas las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Agencia Española de Protección de Datos han sido asumidas e incorporadas desde hace semanas. Es decir, que desde la Junta se han tomado las medidas requeridas con respecto a las 25 cámaras -una cuarta parte de toda la instalación que se extiende entre Chiclana, San Fernando y el tramo interurbano- en las que se consideraba que se producía con estas grabaciones una vulneración del derecho a la imagen o a la intimidad de los ciudadanos.

La información transmitida desde este partido -aclaraba la administración responsable del proyecto del tren-tranvía- obvia una parte fundamental de la historia al no contar que se han adoptado las correcciones que demandaba la Agencia Española de Protección de Datos. Y en ningún momento -insiste- ha estado en riesgo la instalación, el entramado con el que se pretende controlar las infraestructuras y el paso del futuro tren-tranvía. No será necesario retirar las cámaras de vigilancia o replantearse estos elementos de seguridad por otra fórmula ni nada por el estilo, aclaraba ayer. Lo ocurrido se circunscribe a un ámbito meramente administrativo y -explica la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía- se ha subsanado con "medidas de orden interno" que se avienen a la resolución de Protección de Datos. Fundamentalmente se ha tratado de reorientar las cámaras y su campo de visión y de modificar o ajustar la tecnología de enmascaramiento digital que garantiza la seguridad con la protección de la privacidad de las personas.

La Agencia de Protección de Datos, en el expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por Plataforma 3R, consideraba que el sistema -en numerosas ocasiones- se excedía al ir más allá de su función, que debe ceñirse así a la vigilancia del servicio. No era "proporcional", se advertía. Y por tanto incurría en una "infracción grave" de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Incluso -avisaba- se llegaba con estas grabaciones en la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la imagen o la intimidad de los ciudadanos al amparo de la necesidad de garantizar la seguridad del tren-tranvía, cuya puesta en marcha -según las últimas fechas que se han dado- se espera para este año.

No obstante, según la Junta. siguiendo las instrucciones de la Agencia Estatal de Protección de Datos, se implementaron todas las correcciones y modificaciones del sistema "después de llevar a cabo un examen pormenorizado de las imágenes captadas por cada una de las cámaras instaladas en el sistema de videovigilancia del tren-tram".

Es más, la Agencia de Obra Pública ha manifestado su compromiso a asumir estas instrucciones relativas a la protección de la privacidad "en futuras actuaciones de esta índole", en las que se seguirá el modelo del tranvía de la Bahía de Cádiz.

Dichas modificaciones ya han sido informadas a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene todavía que dar su conformidad al respecto. También al Defensor del Pueblo, institución a la que la denuncia llega a través de Protección de Datos cumpliendo la normativa. Lo hizo en el pasado mes de febrero. De hecho, ayer, la Agencia de Obra Pública dio a conocer la contestación de la oficina del Defensor del Pueblo en la que agradecía que se le hubiese notificado las medidas adoptadas a raíz de la resolución relativa al sistema de videovigilancia. Dicha información ha sido incluida en el expediente, "cuya finalización y archivo" -avisa- se producirá en cuanto que la Agencia Española de Protección de Datos se pronuncie con respecto a la "idoneidad" de las medidas adoptadas. Este escrito del Defensor del Pueblo tiene fecha del pasado 13 de marzo. De ahí que desde la Agencia de Obra Pública se dé el tema prácticamente por zanjado ya, a la espera tan solo de que se confirme por parte de Protección de Datos que las modificaciones implantadas son las correctas. Y sobre esto cree que no habrá ningún problema ya que se han seguido las instrucciones de esta otra administración a la hora de adoptar estas modificaciones.

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