La Junta de Andalucía reabrirá el caladero de la chirla del Golfo de Cádiz el próximo 1 de octubre con "un plan de inspección especial para garantizar su conservación", según ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, al sector tras "confirmar los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) la mejora de las posibilidades de la actividad marisquera en la zona".

Sánchez Haro ha asegurado que la Administración autonómica toma esta medida "en apoyo a las familias que viven de esta pesquería" a fin de que "tengan unos mínimos ingresos", si bien ha manifestado que "tendrán que compatibilizar la actividad con la mejora del caladero". El consejero del área ha explicado que la reapertura "vendrá acompañada de su correspondiente planificación de seguimiento y control para garantizar la conservación y supervivencia del recurso y para el estricto cumplimiento por parte del sector", al que ha pedido "responsabilidad".

Según Sánchez Haro, "el objetivo es mantener esta actividad pesquera en el tiempo". "Hay que compatibilizar la pesca con la supervivencia del caladero, por lo que es necesaria la colaboración de todos", ha apuntado.

La Junta considera así que "cumple con su compromiso de reabrir el caladero en cuanto los informes técnicos confirmasen que la actividad pesquera era factible sin poner en peligro el futuro del mismo". La captura de la chirla se prohibió en enero pasado "al comprobarse que la biomasa estaba alcanzando unos niveles mínimos que comprometían la supervivencia de la especie".

Al objeto de "paliar los efectos del cierre del caladero" en el sector, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural estableció una serie de ayudas destinadas a armadores y tripulantes afectados con base en Sanlúcar y también en los puertos de los municipios onubenses de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte. En total, 70 familias han recibido apoyo económico.

El consejero ha subrayado la "interlocución permanente" de la Junta con los representantes de este "sector de vital importancia socioeconómica para Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte, Lepe y Sanlúcar de Barrameda, y para unas 300 familias".