El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha suscrito con los titulares de las ocho Diputaciones andaluzas los protocolos de colaboración que permitirán la plena aplicación del Pacto por la Vivienda. Con estos acuerdos, el mencionado Pacto será efectivo en las localidades con menos de 20.000 habitantes, 31 municipios en el caso de la provincia de Cádiz, cumpliendo así con los postulados alcanzados entre la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

En el documento firmado entre Chaves y el Presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, se cuantifica la necesidad de vivienda protegida en los municipios gaditanos con menos de 20.000 habitantes: 7.688 viviendas conforme a un primer análisis sobre la demanda realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.

No obstante, y según expresa el documento acordado ayer, la Diputación comunicará a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta, en el primer semestre del presente año, la programación específica para los citadas localidades en el periodo 2008-2012. Para definir estas previsiones, Diputación indicó ayer en un comunicado que asistirá a los municipios a la hora de concretar sus respectivas necesidades, en coordinación con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Dos terceras partes de las viviendas protegidas que se construyan al amparo de este acuerdo se destinarán, según el ente provincial, a familias cuyos ingresos no superen en 2´5 veces el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Los inmuebles dispondrán de una superficie comprendida entre los 70 y los 80 metros cuadrados y su precio no excederá de los 80.000 euros. En el protocolo suscrito ayer ya se determina una ayuda de la Junta, dirigida a los costes de urbanización, cifrada en 3.000 euros por cada vivienda que se oferte al mercado.

Esta iniciativa pública "trata de superar los escollos económicos que encuentran diversos sectores de la población para acceder a una vivienda. El protocolo contempla la oportunidad de establecer convenios específicos para cada municipio donde se concertarán la Diputación, el ayuntamiento correspondiente, la Consejería de Obras Públicas y el promotor de la actuación. Esta última intervención también puede ser asumida por la Diputación.