En el otoño de 2007 el fundador del grupo Jale en los 80, José Antonio López Esteras, afirmaba en una entrevista que su grupo se encontraba en un periodo de expansión. Tenía proyectos, como el de crear 300 alojamientos hoteleros en las cuevas de Guadix o una playa artificial en Extremadura. Acababa de recibir la valoración realizada por Jans Long Lasalle de su cartera inmobiliaria: 920 millones de euros. Los criterios de valoración de entonces a la vista de hoy podrían considerarse de otra galaxia. Habría que saber, por ejemplo, en cuánto se tasarían hoy esos suelos residenciales y rústicos que se cifraron en 214 millones. El pasivo contable era de 284 millones. En cualquier caso, a ojos de 2007, en el año del pre estallido de la burbuja, se podía hablar de una empresa con sus problemas pero no en riesgo de implosión.

Sólo unos meses después, en marzo de 2008, Jale entró por su propio pie, voluntariamente, en un agujero negro del que, diez años despúes, aún no ha salido. Sigue en concurso de acreedores, pero lo que salga de esa picadora en nada recordará al Grupo con lujosos hoteles, ni nadie recordará los puestos de trabajo perdidos. Es posible que Jale, tarde o temprano, hubiera acabado mal, pero algo que no es posible, sino que es seguro, es que con la fórmula del concurso de acreedores se ha convertido al Grupo Jale en un vegetal empresarial.

920 millones fue el valor que se dio a Jale en 2007; cuatro años después Price la valoró en cero

Todo empezó, si se hace caso a la versión del propietario, que hoy se confiesa arruinado y que vive solo en un caserón al que se le pueden adivinar tiempos de esplendor, por un pagaré de 24 millones de euros. López Esteras se asocia en 2005 con Caixa Cataluña para comprar unos terrenos que adquiere a través de su inmobiliaria Amuerga en la Finca Las Marías, en Torrelodones, y paga con la letra de su socio a Cajamadrid, que es quien media la operación. Obsérvense los actores en ese febrero de 2008 porque todos ellos llenarán titulares cuasi necrológicos en los siguientes meses. Caixa Cataluña es una de las primeras cajas en las que el tejido necrosado de nuestro sistema financiero da la cara. De hecho, se devuelve la letra del pagaré. En ese momento Jale tiene activos, pero no liquidez, y ofrece a Cajamadrid que se quede con los terrenos. Cajamadrid, como se verá después, está atragantada de suelo. Dice que no. López Esteras pide consejo al bufete Garrigues y éste le habla de que la reciente ley concursal puede ser la solución. La idea, en palabras de López Esteras, era ganar tiempo y negociar mientras se decretaba el concurso. Unos dos meses, le dijeron. Para su sorpresa, según se presenta la documentación, en ocho horas, el consurso es decretado. López Esteras le ha dado muchas vueltas a por qué esa velocidad e incluso se llevó el caso a la Justicia. La Fiscalía ni lo admitió a trámite. La jueza de lo mercantil actuó correctamente, eso sí, rápido, lo que es tan extraño en nuestro sistema judicial.

La ley concursal sobre el papel parece un método inteligente de resolución de conflictos. La empresa pone en manos de un juez su deuda para que sea gestionada por unos administradores que ejecutan un convenio que tienen que aceptar los acreedores, habitualmente con una quita de la deuda. Se salda la deuda y la empresa vuielve a su actividad normal. Esto es sobre el papel. Pero la ley concursal no podía contar con la avalancha que se nos venía encima en el otoño negro de 2008. Las quiebras se sucedieron en cascada, todo se desbordó. Y los concursos fracasaron con aplastantes porcentajes de empresas liquidadas. En esa maraña quedó atrapada Jale. Ya no podría salir.

En diez años Jale ha tenido ocho administradores concursales. Los tres primeros fueron apartados del caso en el verano de 2011 después de haberse asignado "una cantidad en concepto de retribución provisional superior a la autorizada sin permiso de la juez". El montante de lo que cobraron sin permiso fue superior a los dos millones de euros. Esto lo hacían mientras los trabajadores del Grupo cobraban a duras penas y los hoteles del grupo caían en picado en facturación. El tiempo perdido acabaría por ser definitivo. Hasta tres convenios de ascuerdo quiso sacar adelante López Esteras. Ninguno convenció a los administradores, incluido uno copiado de otra inmobiliaria despeñada, Fadesa. El último intento tuvo algo de rocambolesco. Acuciado por el tiempo, López Esteras está a punto de perder sus facultades patrimoniales por no haber presentado propuestas de convenio, algo que López Esteras sí ha hecho, sólo que no se han aceptado sin consultar siquiera a los acreedores. Entonces es cuando entra un nuevo personaje en el escenario. Se trata de Urbas Guadahermosa, una sociedad que cotiza en Bolsa, dispuesta a quedarse con el 50% de Inverluna, la matriz del Grupo. Parece que, al fin ha llegado la solución, el dinero. Pero no es cierto, no hay dinero, sólo papel. Lo que planea Urbas es sacar una emisión de 278 milliones de acciones a diez céntimos cada una paraconseguir 27,8 millones para la operación. Es, por tanto, mera especulación. Urbas quiere tomar el control sin poner un céntimo físico.

Con los acreedores sin cobrar, los administradores cesados y el humo de Urba Guadahermosa, la administración concursal recae en abogados de Price Waterhouse y Ernst Young. Estos abogados examinan la documentación y comunican a López Esteras que el valor del Grupo Jale, a esa fecha, tres años después de haber entrado en concurso de acreedores, es cero. Nada. López Esteras se revolvió contra esa valoración,s eguía esgrimiendo el estudio de Jones Lang Lasalle de los 920 millones. Quería saber dónde estaban. También denunció a estos administradores. Ni Price ni Ernst & Young, decía, podían administrar una empresa que tenía entre sus acreedores a bancos, como el Popular, que eran clientes de estas dos multinacionales.

Ese año, 2011, el derrumbe de Jale va a encontrar su simbolismo. Las Beatillas, un cortijo situado en la Sierra de San Cristóbal, cierra sus puertas. Con Las Beatillas, Grupo Jale se va poco a poco liquidando, los hoteles van cambiando de manos, los acreedores, a gotados de un pleito sin fin, empiezan a darse por vencidos, los trabajadores, que llevan meses sin cobrar, pierden sus empleos, los bancos van cogiendo de donde pueden, de los restos del naufragio del gran grupo turístico andaluz, los juzgados tramitan decenas y decenas de denuncias, el expediente de Jale sigue creciendo. Es el gran monstruo para el único juzgadod e lo mercantil de Cádiz, durante años colapsado por las incesantes crisis de una provincia en quiebra... Los últimos siete años son una muerte lenta para la empresa que José Antonio López Esteras había creado en los años 80. La obra de su vida se ha esfumado. Un listado de Hacienda incluye a las empresas del Grupo Jale entre las morosas que deben más de un millón de euros al Estado. López Esteras escribe al ministro Cristóbal Montoro, al que en los buenos tiempos había invitado al hotel Monasterio para dar conferencias, y le explica que no entiende cómoe s posible que los administradores concursales no hayan abonado los correspondientes impuestos. "Los administradores le han entregado los activos a otros acreedores con menos privilegio que la Hacienda Pública", le escribía. La carta tiene el sello del registro. Es difícil saber si Montoro la leyó alguna vez.

El último administrador designado para el concurso ha sido Pedro Manuel Martín Molina, con el que este medio intentó ponerse en contacto sin éxito. Figura en el ranking nacional de administradores concursales en el cuarto puesto. En la actualidad llevaría más de 40 concursos, según la página de administración concursal Gioconda. Jale es sólo uno más de ellos. Como tantos, también fue denunciado por López Esteras, que le acusaba de dejación de funciones. El juzgado archivó el caso. Otra vez perdió. Es difícil ganar casos con abogados de oficio. Mientras, la última noticia sobre Las Beatillas fue inquietante. Un hombre apareció muerto. Le habían disparado con una escopeta. Porque hoy Las Beatillas, con toda su carga simbólica, es, de noche, un escenario terrorífico.