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Investigan a 24 personas por presunto fraude con subvenciones del Plan PIVE

  • Acusados de delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil

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La Guardia Civil de Cádiz ha puesto a disposición judicial a 24 personas acusadas de obtener de forma fraudulenta subvenciones del Plan PIVE simulando operaciones de compraventa de vehículos eficientes.

En una nota de prensa la Guardia Civil explica que los investigados, acusados de delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil, son el propietario de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos, los gerentes de una gestoría y de concesionario y 21 empleados de esta última empresa.

La operación se inició en el mes de julio de 2017 cuando la guardia civil de Chiclana de la Frontera tuvo conocimiento de unas presuntas irregularidades en adjudicaciones de subvenciones por compras de vehículos eficientes, que afectaban a las ediciones 2012, 2013 y 2014 del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, (Plan PIVE), sostenidos con fondos del Ministerio de Industria y Comercio.

La investigación desveló que existía una connivencia entre el propietario de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) de la sierra de Cádiz y los responsables de un concesionario oficial de vehículos de la capital gaditana.

La trama utilizaba vehículos con una antigüedad entre 10 y 12 años que se entregaban en el CATV, para acogerse a las ayudas estatales.

Para ello, una gestoría falsificaba la documentación de los vehículos usados, para ponerlos a nombre de distintos empleados del concesionario.

Después éstos adquirían un vehículo eficiente, y una vez re-matriculado el vehículo nuevo, el concesionario los ponía a la venta como de kilómetro 0, quedándose el concesionario con la ayuda de 1.000 euros por vehículo y beneficiándose de incentivos comerciales por superación de objetivo de ventas fijado por la empresa.

La Guardia Civil ha constatado que se realizaron un total de 32 operaciones de compraventa de turismos.

Por estos hechos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cádiz, el propietario del CATV, los gerentes del concesionario y de la gestoría y 21 empleados.

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