El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado la cuenta general de 2009 con el voto de calidad de su presidente, Francisco González Cabaña (PSOE), ya que, tras un acalorado debate y la abstención del diputado del PA, los socialistas han empatado a votos con el PP (13 diputados) e IU (dos diputados), quienes han votado en contra a pesar del pacto de gobierno con el PSOE.

Este ha sido el punto más controvertido de la sesión plenaria debido a las tensiones que han aflorado en las últimas semanas entre PSOE e IU a consecuencia de que los ediles socialistas de Conil votaron recientemente en contra de los presupuestos del Ayuntamiento, gobernado por IU.

Desde entonces, IU ha venido reclamando un gesto «contundente» de rechazo por parte de la Dirección Provincial del PSOE, ya que consideran que se ha incurrido en un «incumplimiento flagrante» del acuerdo marco provincial, advirtiendo que, en caso contrario, podrían derivarse consecuencias en la Diputación, donde ambas formaciones tienen un pacto de gobierno. 

Según ha explicado en su intervención el diputado provincial de IU José Antonio Barroso, su voto negativo se debe a una cuestión de carácter «más político que económico», ya que la cuenta general de la Diputación es un documento «tan legal como el que mi compañero delegado de Hacienda llevó a Conil».

No ha hablado de una ruptura del pacto de gobierno en la Diputación, aunque ha advertido a los socialistas que «el hecho de ser pequeño en cuantía no significa que se sea también en concepto, en valores y en importancia cualitativa».

Barroso ha acudido a un referente histórico para ilustrar esta idea, comparando a IU con los 300 de Leónidas que defendieron la Península Helénica --aludiendo al PSOE-- de los persas --PP-- en el Paso de las Termópilas, pudiendo darse el caso de que los persas «arrasen» la Península «sencillamente porque los 300 no estén para defender el Paso».

El diputado también ha criticado al Grupo Popular, al que se ha referido como la «buitrera provincial» por hacerse «revolucionado» con la situación generada entre PSOE e IU y sobre todo por achacar «intereses particulares» a los diputados de IU, que «dejarán o los echarán de la política sin una mácula», por lo que le ha instado a «buscar el olor de la carroña» en el Caso Gürtel, y no en el pacto PSOE-IU de la Diputación.

Por su parte, el grupo popular ha tildado de «absurda» la intervención de IU que, en su opinión, «roza lo rocambolesco» y demuestra que al Grupo de IU «le importan poco» las cuentas de la Institución Provincial. Asimismo, ha considerado que si los diputados provinciales de dicho grupo tienen «un poco de vergüenza política» deben «dimitir» y «romper el pacto».

El presidente de la Corporación ha intervenido para reclamar a los populares que «no den lecciones» en este sentido, recordándoles que ellos rompieron el pacto «con nocturnidad» en San Fernando y dejaron «solo» al alcalde, Manuel María de Bernardo (PA) «en el año más importante de la historia de la localidad», que celebra el segundo centenario de Las Cortes.

El PP ha resumido los argumentos que fundamentan su voto en contra de este punto señalando que hay «muchos enchufados, muchos contratos, muchos gastos corrientes, mucho gasto de personal, muchas pérdidas en las empresas», aunque esté «muy bien presentado todo», concluyendo que las cuentas generales reflejan una «nefasta gestión».

El presidente de la Diputación ha tildado de «calumnias y difamaciones» las afirmaciones del Grupo Popular, al que ha invitado a presentar en la Diputación la supuesta «lista de enchufados», mostrándose dispuesto a «crear una comisión para ver esos contratos» a los que aluden los populares.

Al margen de este punto, el Pleno provincial ha acordado, entre otras cuestiones, reclamar a los gobiernos central y autonómico que no se supriman las ayudas para la compra de viviendas de protección oficial.

También ha salido adelante, aunque con los votos en contra del PSOE, una moción encaminada a instar a la Junta a dotar a la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género de Cádiz de mayores recursos materiales y humanos y a que estudie el poner en marcha una unidad itinerante de valoración en la provincia.

Otro de los puntos aprobados, en este caso por unanimidad, es la reclamación de dos medidas financieras que reportarían liquidez a los ayuntamientos para hacer frente a sus obligaciones: la refinanciación del gasto corriente para su amortización a largo plazo, y la conversión de los créditos en vigor, de corto a largo plazo. Los destinatarios de este planteamiento de la Corporación provincial son el Gobierno central y la Junta de Andalucía.