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Tribunales

Los ecologistas piden para Hernán Díaz ocho años de inhabilitación por el caso ‘Oh Puerto!’

  • Después de catorce años concluye la instrucción del caso por las presuntas irregularidades en la concesión de licencias

Los ecologistas piden para Hernán Díaz ocho años de inhabilitación por el caso ‘Oh Puerto!’

Los ecologistas piden para Hernán Díaz ocho años de inhabilitación por el caso ‘Oh Puerto!’ / Andrés Mora

Después de catorce años ha terminado la instrucción del caso de las presuntas irregularidades en la concesión de la licencia municipal al club de alterne Oh Puerto! , en El Puerto de Santa María.

Ecologistas en Acción, que denunció este asunto en 2006, ha presentado ya su escrito de acusación y ha solicitado la apertura de juicio oral.

Aunque finalmente esta causa se ha unido a otras de carácter también urbanístico, como las legalizaciones de viviendas en los pagos de La Caridad, Rompeserones y Los Perales, los ecologistas únicamente se centran en su escrito en el caso de la discoteca portuense y piden ocho años de inhabilitación especial, más quince meses de prisión, para el ex-alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés; el que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Álvarez; y el que fuera jefe de Licencias del Ayuntamiento de El Puerto, el arquitecto Fernando Jiménez Fornell, ya jubilado.

En el escrito de acusación se recuerda que fue en el año 2005 cuando los responsables de l establecimiento solicitaron al Ayuntamiento una licencia de obras para la ampliación del local, estando este construido sobre suelo urbanizable programado, sin que se hubiera tramitado el planeamiento de desarrollo necesario.

En 2005 el arquitecto Jiménez Fornell emitió un informe favorable a la legalización de las obras, firmando Hernán Díaz el decreto de legalización en enero de 2006 y posteriormente concediendo la licencia de apertura el entonces edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el 4 de mayo de 2007, tan solo unos días antes de las elecciones municipales celebradas ese año.

Los hechos, según la acusación, serían constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio.

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