La provincia se prepara para un verano complicado. Tanto Policía como Guardia Civil están alertando que esperan que el número de pateras será superior al que ya en 2018 provocaron graves problemas y el colapso de comisarías hasta que se abrió el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del muelle de Crinavis, en San Roque, recinto puesto en marcha por el Gobierno. El problema ahora es que los inmigrantes marroquíes no son llevados al CATE por motivos de seguridad, puesto que esa certeza que tienen de que serán devueltos a su país los convierte en más conflictivos que los subsaharianos.

David Montes, responsable provincial del sindicato Unión Federal de Policías (UFP), reconocía a este diario que el problema de la migración con gobiernos de puertas abiertas “es que seguirán los migrantes jugándose la vida en alta mar y contratando mafias”.

“La entrada regulada evita catástrofes en el Mediterráneo y mayor seguridad en todos los ámbitos”, decía. “Hay que abrir las puertas e incluso garantizar las formas de acceso y transporte regulada, de otra manera (incluso llegando en barcos ONG) se lanzarán al mar a pocas millas de la costa antes de ser devueltos”, dijo.

Montes considera que si fuera necesario “se podrían hasta ampliar los plazos de estancias en CIE’s y CATE’s, que realmente son hostales lowcost, hasta encontrarles una situación laboral... No es una critica contra la forma de gobernar este tema de los partidos más progresistas pero hacer ver que las puertas están abiertas y sin fronteras provoca que los migrantes intenten llegar cuanto antes y esto genera muertes y dramas en alta mar”, concluyó.