La Guardia Civil debe indemnizar a un agente a quien lesionó un detenido al que persiguió y que ofreció resistencia al arresto. El autor de las lesiones fue condenado a indemnizar al guardia civil pero fue declarado insolvente. El agente solicitó entonces a sus mandos ser resarcido por los daños que había sufrido y le fue denegado. Decidió acudir a los tribunales y ahora, una sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz le da la razón.

La información la ha proporcionado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado en el que explica que es la primera vez que un agente de la provincia de Cádiz consigue que el Estado se haga cargo de una indemnización que debía abonar un condenado declarado insolvente. El sindicato dice que sí ven reconocido su derecho habitualmente los policías nacionales y otros funcionarios ante un caso similar.

El guardia civil resultó herido el 14 de febrero de 2014 en Chiclana. Junto con otro compañero, persiguió al miembro de una banda que había atado, amordazado y golpeado a un anciano en su casa con intención de robarle. La víctima falleció posteriormente en el hospital a causa de la paliza que le dieron.

Los guardias acudieron al domicilio del anciano alertados por los vecinos, que habían oído extraños ruidos procedentes de la vivienda. Los asaltantes huyeron por las azoteas y los agentes los persiguieron. Pero uno de los guardias sufrió una caída al hundirse un techo de uralita y el que logró alcanzar a uno, acabó lesionado en una mano a causa de la resistencia que ofreció al ser detenido.

La AUGC afirma que los dos agentes recibieron “una felicitación con anotación” de la Guardia Civil por su intervención. El sindicato considera que debieron haber sido condecorados.

En el juicio por el homicidio del anciano celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz, explica la AUGC, quedó acreditado que el guardia civil fue lesionado por el detenido y éste fue condenado a indemnizar al agente con 2.120 euros. Tras ser declarado insolvente el condenado, el guardia, con el asesoramiento del abogado Pablo Martín-Bejarano, solicitó a la Guardia Civil el resarcimiento de daños y le fue denegado. Tras un recurso, una sentencia del Contencioso Administrativo ha estimado que el agente tiene derecho a ser indemnizado por el Estado con los 2.120 euros.