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El Gobierno prohibirá el uso de narcolanchas sin autorización previa

  • Las declarará "género prohibido" y solo podrán ser usadas por organismos públicos o con su inscripción en un registro

  • Su tenencia o comercialización podrán conllevar penas de cárcel

Una narcolancha abandonada en Los Lances. Una narcolancha abandonada en Los Lances.

Una narcolancha abandonada en Los Lances. / e.s.

En el Estrecho de Gibraltar, la guerra que libran traficantes y cuerpos de seguridad es desigual. Con doce metros de eslora, tres motores de 250 caballos y a 120 kilómetros/hora, las embarcaciones en las que los narcotraficantes prácticamente vuelan sobre el agua para cruzar el hachís de Marruecos a España son su arma más potente, una contra la que no pueden competir la mayoría de las lanchas de los cuerpos de seguridad ni en velocidad ni en número. Por eso, una de las grandes demandas de los cuerpos policiales es desde hace tiempo la prohibición del uso de las narcolanchas, tal y como hizo en 1995 la vecina Gibraltar. Ayer, esa demanda recibía la luz verde inicial del Consejo de Ministros para comenzar su tramitación parlamentaria en forma de anteproyecto de ley.

El proyecto de veto a las semirrígidas comenzó a trabajarse con el Gobierno popular, pero se encontró con escollos ante la posibilidad de colisionar con derechos fundamentales. El actual Gobierno prometió acelerar la tramitación y ayer el Consejo de Ministros daba el visto bueno al anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, que declara las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad género prohibido (aunque con bastantes excepciones).

El objetivo de esta norma es facilitar que los cuerpos de seguridad puedan incautar las embarcaciones dedicadas al tráfico de hachís y contrabando de tabaco aunque no lleven carga en el momento en el que sean detectadas, algo que no ocurre ahora. La modificación propuesta permitirá tomar en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la lancha, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias por delito de contrabando pertinentes. Es decir, que podrá actuarse directamente en los narcoembarcaderos o cuando están saliendo o entrando en ellos.

La persecución de estas embarcaciones, denominadas RHIBS por sus siglas en inglés (rigid-hulled inflatable boat), llegará también a su proceso productivo y su comercialización. Así, tanto su tenencia como su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros (habitualmente sobrepasan con mucho esa cifra), o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados. Un paso adelante respecto a la situación actual: el pasado enero, se detuvo al propietario de un astillero dedicado a la fabricación de gomas no por la producción en sí, sino porque se integró en la estructura narco. Si no, no hubieran podido acusarlo de nada.

La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, "si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando", explicó ayer el Ministerio de Hacienda. Pero la propia norma establece un amplio régimen de excepciones en aras de no conculcar ningún derecho fundamental y facilitar el servicio público.

Así, quedan fuera de la prohibición el uso de neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las del Estado y administraciones territoriales y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una nave principal.

También se permitirán algunos usos privados siempre que las embarcaciones obtengan una autorización previa y se inscriban en un Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, dependiente del Ministerio de Hacienda y al que podrán acceder otros organismos. Cumpliendo este requisito se permitirá el uso de semirrígidas para salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.

El Ministerio crea también un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.

La propuesta de cambio normativo establece una vacatio legis de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacaba ayer que esta norma hace frente a los "importantes retos" que plantean el tráfico de drogas y el contrabando especialmente en el Campo de Gibraltar, que "producen una importante alarma, constituyendo el caldo de cultivo para el deterioro social. El Gobierno utilizará todos instrumentos en su mano para dar tranquilidad a esta zona de Andalucía", aseguró.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, resaltó que este paso ratifica el compromiso del Ejecutivo y aseguró que "esto no es una medida aislada", sino que habrá una actuación bidireccional: contra las mafias y "para la sociedad", con "medidas sociales y formativas".

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