El Juzgado número 1 de El Puerto ha citado para declarar a dos funcionarios municipales por la concesión de las licencias municipales que permitieron la construcción del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar, cuya denominación comercial es Golf El Puerto. Los requeridos son el secretario municipal, Fernando Jiménez Romero (que irá por segunda vez por estas mismas diligencias) y el jefe del Servicio de Licencias, Fernando Jiménez Fornell.

Estas citaciones son fruto de las diligencias previas que este juzgado instruye tras la sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que anuló las dos autorizaciones que el Ayuntamiento concedió a Golf El Puerto en abril y octubre de 2002. En el fallo, la sala segunda de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal Andaluz determinó que había indicios de un delito de prevaricación en las licencias que permitieron la construcción de esta instalación deportiva por lo que ordenó la apertura de una pieza separada.

Por el Juzgado ya pasaron los ediles que en 2002 aprobaron en Comisión de Gobierno la concesión de la licencia. Están imputados el ex alcalde Hernán Díaz y los ex concejales Pedro Alamillos, María del Carmen Díaz y José Joaquín Jiménez Portela. Tras su declaración (realizada en marzo del año pasado), el Juzgado llamó a declarar a los dos funcionarios que estuvieron presentes en aquella reunión, el secretario municipal y el interventor, Juan Raya. Ambos acudieron como testigos al Juzgado en mayo.

Ahora, se ha vuelto a citar al secretario para el próximo 10 de marzo. Ese mismo día deberá acudir también Jiménez Fornell, autor de uno de los informe técnicos que sirvieron para respaldar la concesión de las licencias. La asesoría jurídica del Área de Urbanismo también elaboró otro respaldando la actuación.

Junto a ellos, también han sido citados por el Juzgado dos ex consejeros de Golf El Puerto, Luis Alarcón de la Oliva y José Andrés Fernández Durán, que fueron fundadores y formaron parte del consejo de administración de la sociedad en los inicios del proyecto allá por finales de los noventa (el primero de ellos representante del grupo Alca y el segundo de la sociedad Inmolaín). No ha trascendido, por el momento, que el Juzgado haya citado a otros consejeros de entonces o a los actuales, entre ellos a uno de sus principales accionistas, en ex consejero de Trabajo de la Junta, Ramón Marrero.

Fue en noviembre de 2005 cuando se conoció la sentencia del TSJA que anulaba las licencias concedidas a Golf El Puerto en 2002 de forma provisional. El caso llegó hasta esta instancia tras los recursos que presentó la empresa Las Beatillas S.L., propiedad de José Antonio López Esteras (Jale), quien recurrió en un primer momento ante el Ayuntamiento y, tras ser rechazado, lo hizo ante el alto tribunal andaluz. El fallo decía que se había utilizado "de forma torticera" la provisionalidad de la autorización municipal para saltarse la normativa urbanística ya que estos terrenos aún no podían desarrollarse urbanísticamente puesto que la tramitación administrativa necesaria no había finalizado (no se había aprobado de forma definitiva el Plan de Actuación Urbanística de la zona). De ahí que considerara que había indicios de prevaricación por parte de los responsables municipales por lo que ordenó la apertura de unas nuevas diligencias judiciales.

Durante las declaraciones, los ex ediles coincidieron en señalar que se concedió la autorización porque no hubo ningún informe técnico contrario a ello.

En estas diligencias, están personados como acusación particular a Las Beatillas. También se ha personado como acusación popular el colectivo Ecologistas en Acción.