La nueva ordenanza que regula el parque municipal de vivienda, destinada a las clases más desfavorecidas, entraba en vigor esta semana pasada, después de que su aprobación definitiva haya sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Realmente, no se trata de una nueva ordenanza, sino el reajuste de varios puntos importantes que habían quedado obsoletos.

Fueron los propios vecinos, usuarios de las más de 300 viviendas sociales de la ciudad, quienes, hace aproximadamente un año, dieron la voz de alarma sobre las injusticias que se estaban produciendo por culpa de los requisitos anticuados que marcaba la normativa. La empresa municipal que gestiona este parque de viviendas, Suvipuerto, había comenzado a enviar cartas de desahucio a numerosas familias esgrimiendo como motivo el hecho de que sus ingresos superaban el máximo permitido. Por aquel entonces, y según la antigua ordenanza, una familia sólo podría acceder a estos pisos si ganaba menos de unos 7.000 euros. Esto, como apunta el portavoz de la asociación que aglutina a estos vecinos, Daniel Marín, provocaba que "se tendiera a la picaresca y a las trampas".

Ahora, con la ordenanza ya actualizada, una familia media, de cuatro miembros, en una casa de unos 50 metros cuadrados, podría registrar unos ingresos de hasta 18.000 euros anuales aproximadamente, según los cálculos de Marín. Con este reajuste, se han evitado muchos desahucios de familias que, aún habiendo aumentado sus ingresos, no podrían acceder al mercado de vivienda con normalidad.

Pero además, la ordenanza también ha debido ser actualizada para adaptarse a los diferentes planes estatales y autonómicos de vivienda, cuya vigencia ha finalizado o está apunto de hacerlo. La actual modificación de la ordenanza municipal contempla ciertos aspectos que servirán para que su aplicación no se vea afectada si vuelven a cambiar en las normativas nacionales y regionales.

En la introducción de la nueva ordenanza se señala que el resto de puntos siguen siendo válidos, y por tanto, continúan en vigor. De hecho, sólo se han modificado notablemente cuatro de los más de 30 puntos que recoge la normativa. Por eso, desde la asociación de vecinos de pisos sociales, lo que se exige es el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que marca la ordenanza, haciendo hincapié, como ejemplo, en la obligación de la administración de tomar medidas cuando la convivencia con ciertas familias se hace "especialmente insoportable". Casos que ya han puesto en conocimiento de Suvipuerto, según Marín.

Para el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, la aprobación de esta ordenanza ha sido un éxito, por la rapidez (menos de un año) con la que se ha llevado el proceso de actualización de la normativa. Un proceso, que además, ha sido consensuado por los grupos municipales y los propios vecinos, quienes también han mostrado su satisfacción por el resultado final.