El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Antonio Roldán (Izquierda Unida), aseguró ayer que la institución seguirá manteniendo una postura contraria a la puesta en marcha de parques eólicos marinos en Trafalgar y señaló que presentará alegaciones al estudio estratégico y el mapa de zonas aptas para la instalación de parques de energía renovable elaborado por el Gobierno.

El mapa establece una franja de protección en los 8 primeros kilómetros de costa gaditana, en los que no podrá haber parques. Declara la mayor parte del entorno del mar de Trafalgar zona con condicionantes para la instalación de aerogeneradores, y reserva un espacio a unos 40 kilómetros de la costa jandeña como "apta" para los parques eólicos marinos, aunque los productores han señalado que no podrán emplear este hueco por estar demasiado alejado de la playa.

Roldán recordó que la Diputación, tanto mediante un Pleno como en su Junta de Gobierno, manifestó su rechazo a los aerogeneradores en el mar así como su intención de pedir que la zona de Trafalgar se catalogue como "excluyente" para la instalación de parques eólicos marinos.

El vicepresidente de la Diputación y alcalde de Conil manifestó que la zona reúne condiciones suficientes como para impedir la instalación de complejos eólicos marinos: Hay pecios y restos arqueológicos; hay actividad pesquera; es una zona de áridos que se utiliza para extraer arena y regenerar otras playas; hay gran tránsito marítimo; y es espacio de tránsito para cetáceos y aves.

Roldán aseguró que la oposición a los proyectos en Trafalgar no quiere decir que se esté en contra de las energías renovables, y propuso explorar otros recursos como la renovación de los parques eólicos que existen en tierra para aumentar su capacidad de generación de energía.

Roldán sostuvo que la Junta de Andalucía "no se puede lavar las manos" en este caso.

La plataforma contra las eólicas marinas en Trafalgar, formada por cofradías de pescadores, vecinos y los ayuntamientos de Conil, Vejer y Barbate también ha anunciado que presentará alegaciones al estudio elaborado por el Gobierno, que superará su periodo de exposición pública en enero.