Un año y nueve meses después, con dos presidentes provinciales distintos y tras innumerables disputas políticas entre PP y PSOE, la Diputación de Cádiz ha logrado que el Ministerio de Hacienda financie la oficina de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que la institución provincial creó a raíz de la firma en abril de 2015 de un convenio con el Gobierno.

Pese a las dudas que sobre esta financiación han existido en todos estos meses, parece que la insistencia del equipo que preside la socialista Irene García ha conseguido que Hacienda, finalmente, otorgue 1,3 millones de euros para esta oficina. Según el escrito firmado a finales de diciembre por la Subdirección General de Gestión de los fondos Feder de dicho Ministerio, la ayuda aprobada supone el 80% del coste total subvencionable, que cifran en 1.6250.000 euros. Además, se detalla que el beneficiario de esta subvención es el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la institución provincial, en cuyas instalaciones se ubicó la oficina. El objetivo que marca la ayuda es "mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes".

Asimismo, el documento recuerda que la Diputación puso en marcha esta oficina el pasado 1 de febrero de 2016 "con el fin de acometer las funciones establecidas en el convenio firmado en abril de 2015, por el que se establece que la oficina tendrá a disposición de los potenciales beneficiarios información de cualquier actuación desarrollada dentro del ámbito de la ITI, con independencia de la administración o entidad que la promueva".

Entre los fines que se aplican a esta oficina de Diputación se encuentran "servir de puente y de nexo de unión, actuando como ventanilla única de información y asesoramiento, entre la información suministrada por los distintos organismos concedentes de estas ayudas y los beneficiarios finales".

También, detalla que podrán someterse a financiación los costes realizado por el IEDT que se deriven de las actuaciones de la oficina "y que sean susceptibles de cofinanciación, devengados y pagados desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023".

Hay que recordar, en este sentido, que las mayores disputas entre los dos principales partidos en la Diputación se produjeron precisamente en torno a este asunto, la financiación. De hecho, desde el gobierno provincial se llegó a anunciar que los gastos de puesta en marcha de esta oficina correrían por cuenta propia al no tener noticias del Ministerio. Por su parte, el portavoz del PP y anterior presidente provincial (firmante del acuerdo de creación de esta oficina), José Loaiza, llegó a avanzar que el Gobierno central pondría hasta tres millones de euros. Finalmente, ha quedado en menos de la mitad.