El PA denunció ayer públicamente la imposición de sanciones superiores a los 120.000 euros contra la construcción de viviendas ilegales mediante un sistema que calificó "de dudosa legalidad", aseverando que el Ayuntamiento "está perdiendo en los juzgados" multas recurridas por afectados.

Los andalucistas criticaron que desde hace unos meses la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "está imponiendo a cada infractor dos sanciones diferentes por el mismo concepto", aparte de valorar el metro cuadrado construido ilegalmente en 600 euros, unos 200 más que lo "estipulado" por el Colegio de Arquitectos de Cádiz. El PA propone "un compromiso municipal de punto final que asuman todos los partidos para que desde ahora no se pueda construir ni una vivienda ilegal más en Sanlúcar", así como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regularización de las 6.000 existentes, arguyendo que el todavía vigente, de 1997, "no permite legalizar más del 20 por ciento". Además, plantea "fórmulas encaminadas a facilitar el pago de las sanciones" a infractores.

El PA, censuró a la alcaldesa, Irene García, y la gerente municipal de Urbanismo, Mónica González, por no atender sus reiteradas peticiones de una reunión para abordar éste y otros asuntos.