Dos años después de la queja presentada por la Fundación Legado de Las Cortes ante la situación de abandono del Sitio Histórico del Puente Zuazo y tras los primeros actos vandálicos que ponían en peligro su conservación, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido cerrar el expediente apelando a la buena voluntad de las administraciones implicadas y confiando en su "cooperación" para solventar el problema y asegurar el mantenimiento de uno de los conjuntos históricos más representativos de la Guerra de la Independencia y de los sucesos de 1810-12.

Según la resolución de esta institución -fechada el pasado 26 de julio- las respuestas recibidas por una y otra administración durante la tramitación de la queja de la Fundación Legado de Las Cortes, "expresan los contactos que se vienen acometiendo así como el compromiso de continuar estos trabajos de cooperación dirigidos a las intervenciones que se definen en los elementos monumentales y otras actuaciones de la zona".

La queja por el abandono del Sitio Histórico se remonta a junio de 2016 Se cumplen precisamente diez años de la firma del convenio con Fomento

"Hemos de entender -prosigue- que las administraciones implicadas en el conjunto de proyectos relacionados con el puente Zuazo expresan su intención coincidente de perserverar en estas actuaciones".

Según la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, desde el Ayuntamiento de Puerto Real, a cuyo término municipal pertenece el conjunto de baterías que fue objeto de la primera fase de la rehabilitación del Sitio Histórico, se intenta promover una reunión conjunta de todas las administraciones relacionadas con el proyecto. De entrada, además del Consistorio puertorrealeño, se trataría del Ayuntamiento de San Fernando, Consejería de Cultura y Ministerio de Fomento. Este encuentro tendría por objeto "estudiar y definir por las administraciones afectadas las medidas de cooperación necesarias en relación con las actuaciones de rehabilitación y conservación del Puente Zuazo, sometido a la protección de la normativa de patrimonio histórico". Se espera, por tanto, una nueva reunión -"a la mayor brevedad", expresa el Defensor del Pueblo- en la que se replantee la situación actual del Sitio Histórico y se retome el diálogo para acordar la mejor fórmula de gestión, su uso y conservación, intentar continuar con las fases de la rehabilitación que siguen pendientes de ejecutarse y que atañen al elemento más simbólico del conjunto, el puente Zuazo en sí.

De hecho, este año se cumplirán diez de la firma del protocolo que los ayuntamientos de San Fernando y de Puerto Real firmaron en su momento con el Ministerio de Fomento para abordar la rehabilitación del Sitio Histórico con vistas a la conmemoración del Bicentenario de Las Cortes de 1810 y de la Constitución de 1812, intervención de la que -es sabido- solo se abordó la primera fase, la menos costosa: el Carenero y el conjunto de baterías defensivas, que además al cabo de pocos años quedaron abandonadas y, al no estar definidas sus competencias y mantenimiento y carecer de uso, no tardaron en ser objeto de actos vandálicos. Quizá, lo más llamativo, fue el brutal intento de llevarse la solería histórica de una de las baterías -la de San Pablo- en el otoño de 2016, una noticia que escandalizó a la ciudadanía y que sirvió para poner de manifiesto la penosa situación en la que se encontraba el conjunto histórico a pesar de su importancia y del relieve que tuvo la actuación promovida en 2010. Por entonces, no obstante, la Fundación Legado de Las Cortes ya había dado la voz de alarma y, movida por su preocupación, había denunciado los hechos ante la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

En la resolución que da por concluida esta denuncia, se alude también a las gestiones realizadas por la Delegación Territorial de Cultura y al archivo del expediente remitido en su día a la Fiscalía "al no apreciar indicios en materia penal".