Provincia de Cádiz

El Consejo de Impulsa aprueba que se investiguen responsabilidades

  • Sólo el Partido Popular votó en contra de que se evitara el concurso de acreedores

El abogado Juan Pedro Cosano ofreció los detalles del final del concurso de acreedores en Impulsa.

El abogado Juan Pedro Cosano ofreció los detalles del final del concurso de acreedores en Impulsa. / andrés mora

Un solo voto en contra, el de los ediles del Partido Popular, y el sí del resto de los grupos de la Corporación sirvieron ayer, en el seno de la Junta General de Impulsa, para que la empresa saliera de la situación de preconcurso de acreedores a la que se había acogido el pasado mes de septiembre, para tratar de salvar la situación de quiebra inminente a la que se enfrentaba.

La Junta General de la Empresa, integrada por los miembros de la Corporación municipal, aprobó por tanto por doce votos a favor y ocho en contra comunicar al Juzgado la innecesariedad de la presentación del concurso, al no hallarse ya en situación de insolvencia merced a los acuerdos alcanzados con los acreedores y al despido de seis trabajadores de la plantilla. Faltaron a la sesión los concejales Millán Alegre (PP), Rocío Luque (Levantemos) y Carlos Coronado.

El abogado Juan Pedro Cosano, cuyo bufete se ha encargado de la gestión del preconcurso, fue el encargado de explicar públicamente las vicisitudes del proceso, señalando que cuando asumieron el procedimiento la empresa presentaba pérdidas por importe de 11 millones de euros. Tan solo la deuda con acreedores era de más de dos millones de euros y en estos tres meses se ha estado negociando con ellos para lograr, en la gran mayoría de los casos quitas del 30% y carencias de pago de cinco años.

Con respecto a la plantilla, Cosano explicó que estaba sobredimensionada, con once personas de las cuales dos causaron baja con anterioridad y seis han sido despedidas, quedando reducida ahora la plantilla a tres personas.

Con respecto a los acreedores con los que no se ha llegado un acuerdo, cuyas deudas suponen algo menos de 300.000 euros, el abogado explicó que se están tratando de cerrar acuerdos extrajudiciales. Únicamente hay un gran acreedor con el que no se ha podido cerrar un acuerdo, por importe de 200.000 euros, al ser uno de los propietarios de San José Bajo cuya situación está aún sin regularizar.

La salida de la situación de preconcurso se debe comunicar al Juzgado antes del próximo lunes, 8 de enero.

La mayoría de las intervenciones de los portavoces agradecieron el trabajo desarrollado en estos tres meses por el Consejo de Administración y por el bufete Cosano, así como por la Asociación de Empresarios de El Puerto. Grupos como Levantemos fueron especialmente incisivos a la hora de pedir el "sí" del Partido Popular, que pese a todo se mantuvo en sus trece y votó a favor de que se siguiera adelante con el concurso.

En el transcurso del debate trascendió que el Consejo de Administración ha solicitado la elaboración de un informe para depurar posibles responsabilidades a sus anteriores gestores, dada la nefasta gestión que ha sufrido esta empresa y que ha terminado con ella a los pies de los caballos. La portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, incluso se atrevió a poner nombre a alguno de los posibles responsables, citando directamente al ex-alcalde Enrique Moresco y al que fuera su socio de gobierno, Antonio Jesús Ruiz.

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