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Compromiso socialista para acelerar la reclamación patrimonial de Rafael Ricardi

  • El secretario de Estado responde a las peticiones de Llamazares y se acuerda una cumbre en Madr id

El Partido Socialista adoptó ayer al fin un compromiso en serio para agilizar los trámites de la reclamación patrimonial que viene defendiendo Rafael Ricardi, el ciudadano portuense que estuvo injustamente encarcelado durante la friolera de 13 años por una doble violación que jamás cometió. Para resarcirle de esa injusticia, en este asunto se han implicado ya de lleno tanto el secretario de Estado de Justicia, el gaditano Juan Carlos Campo, como los diputados socialistas con mayor poder de decisión en la comisión de Justicia del Congreso, según explicaba ayer en declaraciones a este periódico el diputado del PSOE por Cádiz Salvador de la Encina.

En concreto, De la Encina aseguró que Juan Carlos Campo reenvío ayer mismo al portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, su contestación a las peticiones sobre el caso Ricardi planteadas por la coalición de izquierdas, que ha sido la única formación política que en los últimos tiempos se ha mostrado interesada por la penosa situación que sigue atravesando este vecino de El Puerto.

En paralelo, De la Encina comunicaba en la mañana de ayer a la abogada de Ricardi Antonia Alba que para el próximo miércoles por la tarde ha quedado concretada una reunión en el propio Congreso de los Diputados con el propio Ricardi y sus letrados.

En la misma está previsto que participen Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y secretario de Libertades Públicas de la ejecutiva federal del PSOE, y Julio Villarrubia, portavoz del Grupo Socialista en esta misma Comisión de Justicia, además del propio Salvador de la Encina.

El político algecireño explicaba ayer que la intención de su partido es acelerar en lo posible los trámites administrativos para satisfacer la reclamación patrimonial que ya han formalizado los abogados de Ricardi.

"Sabemos que este ciudadano lo está pasando mal, porque sobrevive con muy pocos recursos económicos pese a ser condenado injustamente por un delito que se ha demostrado con creces que jamás cometió. Y nuestra obligación es hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no sufra más", precisó De la Encina.

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