Veintitrés familias en Chipiona se hallan actualmente bajo la amenaza de ver demolidas sus casas, construidas en su pequeño terreno agrícola, ante la reactivación de la ejecución de las sentencias en firme dictadas a partir de 2008  por la Audiencia Provincial declarándolas ilegales, al haber sido construidas en suelo no urbanizable. No obstante, la situación de estas viviendas, anejas a pequeñas explotaciones agrícolas, no es algo excepcional en la provincia, pues se dan casos similares en localidades como Sanlúcar, Conil o El Puerto. Pero, en estos casos, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las regulariza al vincularlas a explotaciones agrarias. 

En el caso chipionero, las familias afectadas recibieron por parte del anterior equipo de gobierno (PSOE) permisos de habitabilidad. También han abonado sus correspondientes impuestos y multas. El propio Consistorio envió a la Junta en 2008 una modificación del plan general de 2005, denegada este año, para la regularización de este tipo de inmuebles. Este plan sustituyó al anterior de 1983, años durante los que la ciudad experimentó un notable crecimiento. 

Ante esta situación, el nuevo equipo de gobierno local, presidido por el alcalde, Antonio Peña (PP), ha vuelto a solicitar a la Administración regional que apruebe la modificación del PGOU y  paralice la orden  de ejecución inminente que obliga al Ayuntamiento a demoler las casas. Esta moción, apoyada por todos los grupos municipales (PP, PSOE e IU), tiene como objetivo definir los asentamientos urbanísticos existentes y regularizar las viviendas ligadas a la explotación agrícola.

Otro argumento esgrimido a favor es que todos los casos son primeras y únicas viviendas construidas por los propios agricultores por dos motivos: luchar contra los robos producidos en los invernaderos de flores, y la necesidad de residir en las cercanías de los cultivos. Además se  señala como excusa el alto precio alcanzado por las casas en Chipiona durante los años del boom inmobialirio. Los partidos locales señalan en la moción que la paralización de las demoliciones sería una gran medida social, pues "no han causado daño ecológico, ni medioambiental, cultural o a otro bien protegido". 

El grupo municipal de IU ha aportado además datos históricos a la solicitud de regularización. Expone que el nivel de dispersión de las  instalaciones agrícolas tiene su base en el primer tercio del siglo XX, situación que ha pervivido hasta la actualidad. Junto a ello, en diversas investigaciones sociales se ha comprobado el impulso agrícola en Chipiona en los años 70, coetáneo con el momento más activo de la construcción de casas vinculadas a explotaciones agrarias.

A través de la moción, el Ayuntamiento pide el mismo trato para Chipiona que el dado en lugares de características similares como el barrio de Monte Algaida, en Sanlúcar. Allí, numerosas viviendas, situadas en navazos agrícolas, han sido regularizadas, por lo que se demanda la misma solución. Se recoge además que el Plan de Ordenación de la Costa Noroeste contempla las especificidades de este tipo de explotaciones, que son la generalidad tanto en Sanlúcar como en Chipiona. También recoge este tipo de situación el plan territorial de Andalucía. Por ello, el alcalde ha solicitado reuniones con el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz y el delegado provincial de Obras Públicas, aunque la situación está bloqueada pues aún no han sido nombrados por la Junta los nuevos cargos provinciales. 

El equipo municipal se reunió con Alicia Martínez, parlamentaria andaluza del PP y portavoz adjunta en la comisión de Vivienda, quien apoyó la solicitud del Consistorio y solicitó que la Junta mantuviera una reunión con el alcalde. También ha mostrado su apoyo el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, quien instó a la Junta a buscar "la vía jurídica para conseguir paralizar la orden judicial que insta al Ayuntamiento a derribar las viviendas ilegales". En una información publicada hace dos semanas en este diario, el alcalde, Antonio Peña, denunció que el anterior gobierno municipal socialista "optó en su día por remitir estos casos a la Fiscalía y ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquella decisión". "Han construido sus viviendas al lado de sus cultivos porque están obligados a ello. En los invernaderos se trabaja de día y de noche", añadió.

Manuel Rodríguez (PP), concejal delegado de Servicios Municipales y Medio Ambiente, miembro de la plataforma de afectados, denunció la situación de estas familias y la gran presión psicológica que sufren. Criticó la no aprobación de un nuevo plan urbano hasta el año 2005 mientras la ciudad no paraba de crecer. El concejal refirió que existen miles de casas ilegales contra las que no se ha actuado, incluso en Chipiona donde se obvió a quienes incluso construían junto a la costa pero "tenían amigos", mientras se denunciaba a "simples trabajadores que edificaron por necesidad y no se han lucrado". Reclamó a la Junta el mismo trato a estas viviendas que el dado a otras zonas agrícolas como las de Sanlúcar, pero "ya sabemos quien gobierna en uno y otro lado".

Gracias a la presión municipal y social, se logró que la mayoría de los 200 casos denunciados no acabara en condena. Pero las 23 familias afectadas por la orden de ejecución fueron de las primeras en ser llevadas a juicio y las presiones hacia la Alcaldía para iniciar las demoliciones han vuelto a tomar fuerza, situación que inquieta a los grupos municipales, pero sobre todo a las familias que se hallan bajo la incertidumbre de perder sus hogares en una coyuntura difícil.