En 2006 surgió la idea, en 2011 el Ayuntamiento anunció su inminente apertura y en 2018 sigue sin tener fecha. Chipiona lleva más de una década acariciando el proyecto del Museo de Rocío Jurado, que no acaba de hacerse realidad. A lo largo de todo este tiempo casi no han parado de producirse contratiempos que han impedido la puesta en marcha de este espacio cultural dedicado a La Más Grande. El Consistorio y la familia de la cantante chipionera no terminan de cerrar un acuerdo para dar vida a este sueño compartido de la localidad del moscatel.

El último capítulo lo protagonizaron ayer la alcaldesa, Isabel Jurado, y el concejal de Turismo, Javier Díaz, que convocaron una concurrida rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para explicar el escollo que está ahora sobre la mesa. La hija de la artista, Rocío Carrasco, a quien, como heredera universal, corresponde dar el visto bueno definitivo a la apertura del museo, ha planteado al Cabildo sus dudas motivadas por las irregularidades administrativas cometidas por la propia Administración local en la tramitación de las ayudas que recibió del Estado entre 2008 y 2010 con cargo al Plan de Reindustrialización, conocido como Reindus, para la construcción del actual Palacio de Ferias y Exposiciones, la ubicación elegida para el homenaje permanente a Rocío Jurado.

Este asunto tiene evidentes implicaciones políticas. En aquellas fechas gobernaba en Chipiona el PSOE, encabezado por Manuel García como alcalde hasta 2011, año de elecciones municipales. Entonces accedió al poder local el PP, el partido de la actual regidora. El Gobierno popular encargó una auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento, que concluyó que, efectivamente, se habían producido irregularidades en la gestión de dichas subvenciones. El PP las denunció en los tribunales y todavía está esperando la resolución judicial. El Consistorio, que se personó en la causa como parte perjudicada, tiene que devolver dos millones de euros. La inversión pública en el Palacio de Ferias y Exposiciones, que incluye otras instalaciones aparte del museo, asciende a 5,5 millones de euros, según destacó la alcaldesa en alusión a los 3,5 millones del Plan Reindus y esos dos millones de "subsanación de la mala gestión" del anterior Gobierno socialista.

Con todo, Jurado quiso dejar clara la legalidad tanto de las instalaciones como de su uso. La regidora chipionera aseguró que "son dos cosas distintas". Pero parece que a Rocío Carrasco todo esto no le huele bien y quiere analizar el expediente municipal sobre este proyecto, que suma "más de 7.000 folios" en "muchísimas carpetas", según apuntó la alcaldesa. Ha sido su contestación a la propuesta de convenio que le remitió el Ayuntamiento en noviembre pasado. Lo último es una carta certificada que el Consistorio envió a la hija de la artista hace una semana ofreciéndole el acceso a toda esa documentación, pero sugiriéndole la opción "más ágil y fácil" de solicitar un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento certificando la legalidad de las instalaciones a fin de que la apertura del museo no se demore mucho más tiempo. El plazo que considera el Cabildo para recibir una contestación es de 15 días, "como el de cualquier procedimiento administrativo".

"No tenemos ninguna intención de presionar a Rocío Carrasco, pero el Ayuntamiento está en su derecho de obtener una respuesta, porque no podemos seguir privando a los chipioneros de este espacio cultural, en el que se ha invertido mucho dinero público, hasta que se resuelva en los juzgados un asunto que no tiene nada que ver con la legalidad del museo", manifestó la alcaldesa mostrando, por otro lado, su comprensión con la reticencia de Rocío Carrasco en defensa del buen nombre de su madre.

La alcaldesa aseveró que "el Ayuntamiento siempre apostará por el Museo de Rocío Jurado, pero no queremos prolongar más en el tiempo su apertura porque se ponga en duda la legalidad del mismo". La Administración local pretende que la hija de la cantante responda a la mayor brevedad posible dando su conformidad o no con la propuesta de convenio que le remitió en el mes de noviembre, admitiendo posibles modificaciones. El acuerdo planteado por el Consistorio recoge, entre otras condiciones, el pago de un canon anual de 30.000 euros a Rocío Carrasco por la cesión de los trajes y demás pertenencias de La Más Grande.

Con respecto a este punto de la propuesta, la regidora explicó que esa cantidad no está fijada como "obligación legal", apuntando que, de hecho, el canon podría ser "a coste cero o simbólico". Jurado aclaró que para la inclusión de ese pago anual el Consistorio tuvo en cuenta "la cuantía estipulada en otros museos de la provincia, como el de Camarón".

En términos generales, sobre el contenido de la propuesta de convenio, la regidora informó que cuenta con el respaldo de la Intervención Municipal y los tres grupos políticos de la Corporación: el PP, el PSOE e IU.

La comparecencia pública de la alcaldesa y el delegado municipal de Turismo estuvo marcada por el malestar del Ayuntamiento ante los "rumores" y "falsedades" que rodean a este asunto desde hace años, señalando directamente a "algunos periodistas". La alcaldesa habló de "informaciones falsas y sesgadas", en tanto que su compañero de filas manifestó que "tenemos la garantía y la tranquilidad de que ofrecemos transparencia, como así se nos ha solicitado una y otra vez". La rueda de prensa reunió a numerosos medios de comunicación en el Consistorio chipionero, incluidas unidades móviles de cadenas de televisión.