El Ministerio para la Transición Ecológica ha licitado la redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental de colectores generales, estación de bombeo y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate-Zahara de los Atunes, una de los nueve núcleos españoles que motivaron una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). El proyecto tiene un importe de 344.465 euros, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa.

Esta obra, añade el comunicado, forma parte del proyecto Saneamiento y depuración de La Janda, declarado de interés general del Estado, mediante la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional. Así, el Gobierno considera que esta actuación vendría a corregir las carencias de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Barbate, que no permite cumplir con los requisitos establecidos en la UE.

Concretamente, ha señalado que “en la actualidad, la aglomeración de Barbate cuenta con una EDAR cuya carga de diseño, así como el tratamiento que se realiza (pretratamiento, tratamiento físico-químico y decantador), son insuficientes y no permiten cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE”.

También servirá, según el comunicado del Ministerio, para depurar las aguas residuales de la localidad de Zahara de los Atunes, cuyas actuales instalaciones son “obsoletas”, tienen “graves deficiencias de funcionamiento” y están ubicadas en una zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT), de especial sensibilidad para el medio ambiente.

El objeto del contrato de servicios licitado será la realización del estudio de impacto ambiental para su tramitación ordinaria y la redacción del proyecto a nivel constructivo, en el que se definirán las obras e instalaciones necesarias de la nueva EDAR, que permitirá el correcto agrupamiento y tratamiento de las aguas residuales urbanas de los dos municipios.

Esta nueva EDAR dará servicio a una población adicional de 39.241 habitantes y estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

Por último, señaló que “la depuración de las aguas de estas localidades forman parte de los nueve núcleos que siguen en situación de incumplimiento y que llevaron al Tribunal de Justicia de la UE a imponer a España una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento”.