El Ayuntamiento trabaja en el pliego de condiciones para contratar la elaboración de un estudio que analice el suelo y fije las medidas de seguridad necesarias para continuar con las excavaciones y exhumaciones de la fosa común que desarrolla la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática (Amede) de San Fernando. La actuación para recuperar los cuerpos de las víctimas de la represión franquista lleva paralizada meses al ser imposible continuar por adentrarse el lugar de los enterramientos masivos bajo una de las paredes de nichos del camposanto municipal.

En los meses de trabajo, que apenas estaba en los inicios, solo se habían recuperado restos de diez personas, cuando se estima –según la investigación desarrollada por Miguel Ángel López Moreno– que podrían estar enterrados en el lugar hasta 217 fusilados tanto en los primeros momentos de la Guerra Civil como en la represión posterior. Aunque también se baraja otras zonas de la ciudad como el cementerio de San Carlos, por ser un lugar cercano al penal de La Casería donde hubo fusilamientos; y la zona del caño de La Jarcia donde hubo ejecuciones.

Es lógico por tanto que la entidad quisiera seguir adelante y celeridad desde el primer momento del freno de la intervención. "Después de consultar a empresas especializadas para ver cómo podían seguir llegaron a la misma conclusión que los técnicos municipales", comenta el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez. Se refiere a que la excavación llegó al límite máximo de seguridad por lo que era inviable continuar antes de realizar el correspondiente apuntalamiento. "Es necesario para que no se venga abajo", detalla el edil socialista, que advierte de que no se trata de un procedimiento ordinario, sino que debe ejecutarlo una empresa especializada.

Rodríguez reconoce que el estado de las cuarteladas del cementerio isleño es precario. "Se construyeron hace muchos años y están bien hechas, por eso cada cierto tiempo hay que proceder a arreglarlas y en algunos casos a derruir alguna", expone para hacer entender la precariedad de la pared de nichos con la que se ha topado la actuación de Amede.

A finales de agosto en una carta abierta la entidad señalaba que existía un acuerdo con el gobierno municipal para la financiación del Estudio Geotécnico de Estabilidad de la Excavación, que exige la actuación para poder seguir adelante. "Ellos tienen una valoración de este informe de unos 10.000 euros pero nosotros entendemos que tiene que ir más allá. Además del análisis del suelo, debe estar avalado por un experto para que nos sirva como base para la obra", comenta el responsable de Presidencia. Desde el equipo de gobierno se contratará, por tanto, la redacción de una memoria en la que un técnico competente también proponga las medidas de seguridad necesarias para seguir la intervención, "cómo apuntalar para seguir excavando". Por eso la partida económica podría ser mayor de la planteada inicialmente: "Estamos consultando la valoración económica del contrato".