El Ayuntamiento de Sanlúcar criticó ayer la "indefensión" provocada por el anuncio de la denominada operación Pócima que mantiene abierta la Guardia Civil sobre la supuesta adquisición fraudulenta de medicamentos usando tarjetas sanitarias de personas fallecidas. Así, indicó ayer que se ha "señalado con el dedo" a varias residencias geriátricas de la provincia y a sus directores, entre ellas la de Sanlúcar, cuya gestión "totalmente cristalina, limpia y pulcra" defendió ayer el Consistorio.

En declaraciones a Europa Press, la edil de Servicios Sociales, Ana Morillo (PSOE), aseguró que en el Ayuntamiento están "un poco sorprendidos, y en parte indignados, por la manera en que se están llevando las cosas", ya que se trata de "una investigación abierta" y el director de la residencia sanluqueña "no está detenido ni acusado y, de hecho, hoy ha estado en su lugar de trabajo como cada día".

"No sabemos qué se le imputa" al gerente del centro, un militante del PSOE sanluqueño al que se refirió como alguien "totalmente honrado, escrupuloso y honesto". Según comentó la edil, está "tranquilo" en el sentido de que "no tiene nada que ocultar", pero "lo está pasando mal por la indefensión y el mazazo que supone el impacto mediático" de este asunto. Y es que se trata de la única residencia que hay en Sanlúcar y, por tanto, se les ha "señalado directamente con el dedo". Morillo aseveró que "jamás se ha hecho un mal uso de una tarjeta por parte de la residencia" y puso de manifiesto la "disposición a colaborar" en la investigación por parte del Ayuntamiento para, "en caso de que se haya producido algún error, poder subsanarlo".

En este sentido, se quejó de falta de información, ya que "no sabemos ni de qué tarjetas se trata, ni las fechas, ni qué personas". Lo que sí conocen es que, al parecer, el valor de las medicinas que habrían sido adquiridas de manera irregular asciende a "500 euros entre 2009 y 2011", con lo que desde el Consistorio entienden que todo puede ser fruto de "un desfase" derivado del posible fallecimiento del titular de la tarjeta en el periodo comprendido "entre que se lleva la tarjeta y se sirven los medicamentos".

Por su parte, el secretario del PA de Sanlúcar, Antonio Prats, solicitó ayer a la propia Morillo, así como a su alcaldesa, Irene García, que pongan en marcha una investigación para aclarar lo sucedido con la presunta estafa.

Responsables de uno de los geriátricos implicados en el supuesto fraude, el de Monte Alto, en Jerez, que gestiona la empresa SAR Quavitae, aseguraron ayer no tener constancia alguna de su posible vinculación con las posibles prácticas fraudulentas.