Las decenas de alegaciones presentadas por la Junta, la Diputación, los ayuntamientos de Conil, Vejer y Barbate, el colectivo vecinal Mar de Trafalgar y las agrupaciones de pescadores contra los aerogeneradores en aguas de Cádiz no tienen el peso suficiente como para que La Janda quede excluida del mapa de oportunidades de explotación de energía eólica marina en España.

El estudio ambiental elaborado por Industria, Medio Ambiente, y Agricultura y Pesca, paso previo en el Estudio Estratégico Ambiental definitivo del Gobierno, desestima por primera vez de forma oficial las reclamaciones esgrimidas por administraciones públicas y colectivos contrarios a los parques eólicos en el mar. El Gobierno no rebate las peticiones, pero sí sostiene que la mayor parte de ellas no aportan datos científicos suficientes como para descartar estas instalaciones energéticas en Cádiz, y por eso emplaza sus decisiones hasta el momento en que disponga de información pormenorizada sobre cada plan.

El posicionamiento se refleja en la respuesta a las alegaciones, por ejemplo, de los colectivos de pescadores, que insisten en que las vibraciones de las turbinas afectarán a los caladeros y las almadrabas. El estudio ambiental recuerda que "las zonas con manifiesta actividad e importancia de recursos y actividades pesqueras se han definido como zonas aptas con limitaciones", y emplaza cualquier decisión "a etapas posteriores del proceso de autorización de los proyectos, en base a los estudios de detalle".

La respuesta es idéntica sobre las almadrabas, que ya fueron clasificadas como zonas no aptas para la instalación de aerogeneradores: "Si bien se tiene constancia de que la implantación de parques puede producir eventuales alteraciones del comportamiento del atún, la información aportada en las alegaciones no permite alterar la zonificación actual. Cualquier decisión se difiere a etapas posteriores de tramitación", reitera el informe gubernamental.

Sobre los escritos que vaticinan el alto impacto visual de los parques, el estudio recuerda que ya se ha establecido una franja de protección de 8 kilómetros desde la línea de costa clasificada como "zona apta con condicionantes ambientales", y objeta que "el posible impacto visual de los proyectos no se considera una argumentación suficiente como para excluir a priori su implantación". La cuestión queda pendiente del análisis de cada plan, al igual que las posibles afecciones al turismo, la fauna, o los restos arqueológicos y el patrimonio, que se mantienen como el principal obstáculo técnico para la instalación de turbinas en aguas de Cádiz.

La Junta remitió al Gobierno un informe que destacaba la existencia de Bienes de Interés Cultural (BIC) y zonas de servidumbre arqueológica en la zona. En el estudio, la Administración central recuerda que los BIC serán zonas de exclusión, pero recalca, de nuevo, que la posible afectación al patrimonio sumergido se "abordará en la fase de evaluación de impacto ambiental de cada proyecto".

La única traba a los parques marinos no valorada en el estudio ambiental es la oposición social. El Gobierno ofrece tregua a la oposición en este aspecto y recalca que la percepción social "podrá condicionar planes concretos".