La titular del juzgado de instrucción número 1 de Algeciras, Belén Barranco, ha advertido al Ministerio del Interior de que no llevar a cabo las reformas que hace más de un año ordenó que se hicieran en los CIE de Algeciras y Tarifa puede ser delito de desobediencia.

En un auto dictado el pasado 21 de marzo la jueza, encargada del control jurisdiccional de ambos CIE, explica que en unas visitas que realizó a ambos centros comprobó que no se habían llevado a cabo muchas de las mejoras que ella misma ordenó en enero del 2017, en otra resolución judicial.

Tras su nueva visita, tras recibir un informe de la situación de los CIE del Defensor del Pueblo, la jueza ha dictado un nuevo auto en el que explica que es "absolutamente indispensable" volver a exigir estas mejoras para cumplir con la legislación española e internacional.

En el auto, dirigido al Ministerio del Interior, los responsables de ambos centros, Fiscalía y el Defensor del Pueblo, menciona "las posibles consecuencias penales" que puede conllevar que una autoridad o funcionario público incumpla una resolución judicial.