EN las últimas semanas han surgido indicios de que se frena el proceso de desaceleración de la economía mundial e, incluso, podría producirse una ligera recuperación a lo largo de 2020. Los principales motivos de la posible reactivación son la mejora del clima comercial tras la firma de la primera parte del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y, por otra parte, el despeje de las incógnitas sobre el Brexit, al menos para este año. Cierto que las posibilidades de que ambos conflictos se reabran siguen generando incertidumbres, pero por lo pronto las previsiones de crecimiento de la economía mundial han mejorado, singularmente para Europa.

Sin embargo, la economía española continúa el proceso de desaceleración como consecuencia del agotamiento de los factores que han posibilitado el crecimiento diferencial de los últimos años. Por una parte, del sector exterior, que ha ido limitando su aportación al crecimiento por el bajo aumento de la productividad, el aumento de los costes laborales y las restricciones al comercio internacional. Por otra parte, del consumo privado, que está disminuyendo su dinamismo por la menor creación de puestos de trabajo. Y, en cuanto a la inversión, se retrae la empresarial por el clima de incertidumbre, mientras que la inversión pública difícilmente podrá tirar de la demanda dadas las restricciones presupuestarias después de los excesos de gasto del pasado año electoral y la elevada deuda pública.

Por tanto, la economía española se enfrenta a 2020 con tendencias desaceleradoras, lo que reducirá el crecimiento del PIB entre el 1,9 y el 1,5%, pero con un marco internacional que puede ofrecerle algunas oportunidades de recuperación. En este marco sería determinante una política económica que pusiese las bases de una expansión renovada. Sin embargo, el escenario político viene marcado por el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, y los acuerdos de apoyo o abstención de ERC, PNV y otros partidos con menor representación. Un Gobierno que no tendrá una mayoría estable, con márgenes estrechos de maniobra fiscal, y que provoca un amplio rechazo en la sociedad española y, más unánimemente, entre las instituciones económicas y empresariales.El contenido político económico del acuerdo de la Coalición Progresista es poco consistente, pues si bien algunos de sus objetivos pueden ser aceptables por su generalidad, sus especificaciones nos informan de sus inconvenientes, y cuando estas no se explicitan se intuye su inviabilidad. Así, es imposible el objetivo de estabilidad financiera y fiscal que preside el acuerdo con los aumentos del gasto público y las previsiones fiscales que se derivan del resto del documento. Como es imposible financiar un sistema de pensiones con aumentos automáticos indiciados al IPC más subida de pensiones mínimas y no contributivas cuando el actual sistema genera un déficit creciente. O elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España (que lo situaría en 1.126 euros y en 1.552 el coste laboral), cuando la reciente subida del salario mínimo a 900 euros ya está limitando la creación de empleo por su reducción en actividades con baja rentabilidad. También es un error la pretensión de derogar la reforma laboral de 2012, pues si bien puede ser conveniente revisar alguno de sus contenidos que hayan podido generar abusos o indefensión de los trabajadores, su derogación abortaría los avances en la flexibilización del mercado de trabajo, lo que ha permitido la recuperación económica y un notable aumento del empleo.Además de la inoportunidad o inviabilidad de las políticas acordadas, el programa de gobierno es rechazable por la ausencia de políticas consistentes que favorezcan el desarrollo empresarial, y de reformas estructurales como las que múltiples instituciones internacionales y españolas vienen reclamando desde hace años (educación, pensiones, economía digital, administraciones públicas, mercado de trabajo...).Pero más grave que los desenfoques de la política económica son las concesiones políticas a los independentistas catalanes (también a los vascos), que van a intensificar la polarización y radicalización de la sociedad española con consecuencias imprevisibles para la unidad del país, para la estabilidad social y para el desenvolvimiento económico. Un error histórico mayúsculo al pretender decisiones trascendentales para España sin el apoyo de la mayoría de los españoles, lo que puede dar lugar a una dinámica social de impredecibles consecuencias.