Hacia la igualdad de oportunidades

Casi a diario aparecen nuevos datos que corroboran el aumento de la desigualdad en los países desarrollados. Un proceso que se ha intensificado en los últimos años, para constituirse en uno de los principales retos sociales. Un reto no sólo ético, sino un reto para la estabilidad política y social de las democracias liberales, como manifiestan el amplio descontento social y el ascenso de populismos.

Frente a este reto, el consenso socialdemócrata es aumentar el gasto social, tanto en transferencias directas, como en la prestación de más servicios públicos. Un aumento del gasto que tendería a crecer más que el crecimiento del PIB por el aumento de los beneficiarios, de los costes y de la calidad de las prestaciones, y que, por tanto, exigiría un continuo aumento de la presión fiscal. Y aquí se encuentra la principal restricción de las políticas sociales, pues en un mundo globalizado el aumento de los impuestos reduce la capacidad competitiva de los países, además de enfrentarse a la resistencia social y a la huida de rentas.

En otro orden de cosas, la capacidad competitiva de los países se basa cada vez más en la calidad de su capital humano; es decir, en la formación de sus ciudadanos, en sus habilidades productivas, en su capacidad de emprendimiento y de innovación.

Ambas consideraciones (la tendencia a la desigualdad y las necesidades de capital humano cualificado) aconsejan que la igualdad de oportunidades informe de manera primordial las políticas social y de desarrollo.

Las políticas de igualdad de oportunidades vienen implementándose desde hace muchos años en los países desarrollados. Entre ellas, la provisión pública de una educación básica y obligatoria de carácter público, pero en la mayor parte de los casos ofrece a los niños y jóvenes una formación somera o de insuficiente calidad, lo que les condena a un futuro limitado, y no facilita que muchos jóvenes con talento y esforzados puedan cualificarse para rendir sus mejores frutos.

Por ello, debe reflexionarse sobre el carácter estratégico que puede tener una nueva política educativa que sitúe a la igualdad de oportunidades como faro de la acción política en una doble dirección: 1) para evitar o reducir la pobreza y la exclusión social, y 2) para favorecer la generación de capital humano altamente cualificado.

En relación con lo primero, una investigación empírica reciente (Hidalgo e Iturbe, 2018) llega a la conclusión de que: 1) existe una correlación negativa entre el gasto educativo en la adolescencia y la probabilidad de la pobreza en la edad adulta, 2) un mayor gasto público se asocia con menor incidencia de la pobreza en las personas que se criaron en familias con un nivel educativo bajo, mientras que si la formación de los padres es media-alta no hay correlación aparente, y 3) que el efecto es mayor si sólo se considera el gasto en educación primaria y secundaria.

Estas conclusiones abonan la oportunidad de una política de igualdad de oportunidades decidida que permita a todos los jóvenes una formación de alto nivel en la educación obligatoria que les asegure un punto de partida semejante para enfrentarse a la vida. Esto exige aumentar el gasto público, aunque, por una parte, la financiación pública no tiene que ser generalizada para todos los niveles de renta; por otra parte, a medio plazo debe implicar una minoración del gasto público en transferencias y prestaciones públicas porque los jóvenes mejor preparados podrán (y deberán) asumir responsabilidades individuales que hoy se consideran públicas y, por otra parte, la mejora de la calidad de la formación no se traduce exclusivamente en aumento del gasto, sino que, tanto o más importante que la entidad del gasto son los contenidos formativos, los métodos, la formación e incentivos de los docentes o la gobernanza de los centros educativos.

En relación con el objetivo de favorecer la generación de capital humano altamente cualificado, la igualdad de oportunidades debe tratar de corregir la tendencia de que en los centros de formación más cualificados para la obtención de grados y máster participen crecientemente hijos de familias de altos niveles de renta en detrimento de otros jóvenes inteligentes, trabajadores y con capacidades de emprendimiento, pero con rentas limitadas, lo que provoca frustración social y pérdida de legitimidad de la economía de mercado, que tenía en la posibilidad de ascenso social uno de los argumentos más robustos. Para ello, la receta no pasa por subvencionar de forma generalizada la educación universitaria (lo que favorece la desigualdad), sino a las personas con suficientes méritos que no pueden acceder a esas formaciones por limitación de recursos.