Laura Luelmo, profesora de Plástica de Zamora de 26 años, fue hallada muerta el lunes a 15 kilómetros de El Campillo, localidad en la que residía mientras realizaba una sustitución en un instituto de Nerva. A falta de las conclusiones definitivas de la autopsia, se sabe que su cuerpo mostraba señales de "haber sido violentado", según fuentes cercanas a la investigación. Horas después era detenido por el presunto asesinato de la joven Bernardo Montoya, un individuo que había salido de prisión en octubre tras el asesinato en 1995 de una anciana en Cortegana. Éstos son los hechos de un caso que ha vuelto a provocar una oleada de indignación y pesar enorme en todo el país y que ha traído a la primera línea informativa la violencia contra las mujeres. Mientras la familia de la fallecida reclama respeto a su dolor y pide que no se entre en especulaciones, asistimos atónitos a una espiral verbal entre los partidos políticos por situarse los primeros en la condena y, lo que es más grave, echarse en cara sus respectivas actitudes al abordar estas tragedias. Apenas se ha cumplido un año desde que entrase en vigor el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las disensiones entre las formaciones del arco político nacional amenazan con convertirlo en nada. En las últimas horas, hemos visto cómo desde todos los partidos se reclaman medidas más contundentes en defensa de las mujeres y se aprovecha para enmendar al contrincante supuestas actitudes comprensivas o tolerantes con esta lacra. Es de todo punto inadmisible que quienes deben ponerse de acuerdo para articular políticas de protección a la mujer utilicen casos como el de Laura Luelmo para enfrentarse, y aún lo es más que usen las redes sociales como arma arrojadiza. No es serio ni responsable azuzar el odio con un asunto de este calado. Para lo único que debe servir la muerte violenta de la profesora zamorana es para propiciar una reflexión acerca de cómo hasta lo más sagrado del ser humano, la propia vida, está sirviendo para emponzoñar aún más el clima de tensión política que vive el país. Es necesaria y exigible una reflexión profunda entre los representantes públicos para sacar del debate este problema y afrontarlo dejando claro que el Estado de Derecho tiene sus propias armas para combatirlo. Las diatribas sobre la aplicación de la prisión permanente revisable o la implantación de la cadena perpetua no han de plantearse cuando la familia de una fallecida aún no ha podido ni despedirse de ella. Menos aún caben golpes de pecho cuando se es incapaz de alcanzar consensos de mínimos en el Congreso. La sociedad demanda con fuerza análisis sosegados y propuestas mesuradas, no invectivas partidistas pensadas sólo para recabar votos en momentos de dolor. Participar de estas estrategias es deleznable y una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.