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La tentación de cambiar 'paz' por financiación

Para que las relaciones entre Gobierno y Generalitat se normalicen de verdad, el nacionalismo debe abandonar la deslealtad

La política tiene mucho de puesta en escena, y el encuentro de ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, no iba a ser menos. Más allá de toda la retórica que ha envuelto la entrevista, cada uno de los protagonistas han conseguido cosas concretas que poco tenían que ver con la búsqueda de una solución política al procés. Sánchez obtiene el apoyo parlamentario del independentismo para seguir en el poder y sacar adelante algunos temas concretos y guiños izquierdistas, como la derogación de la Ley Mordaza o el traslado de los restos de Franco. Por su parte, Torra logra lanzar el mensaje al nacionalismo catalán -una parte del cual está agotado de la escapada independentista- de que el nuevo Govern puede influir en las políticas de La Moncloa. El president parece dispuesto a seguir la estrategia de poner una vela a Dios y otra al diablo, tensando y destensando la cuerda a su antojo y según sus intereses. Es labor del Gobierno de España impedir un juego tan burdo como inconveniente para la convivencia nacional.

Entre las cosas que se han acordado está la reactivación de las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat, las cuales llevaban sin reunirse desde 2011. La iniciativa es buena siempre que se trate de trabajar en asuntos concretos que afectan sólo a la comunidad catalana y al bienestar de sus ciudadanos. Pero habrá que estar muy atentos para que estas comisiones no se utilicen para tratar de forma bilateral asuntos que afectan a todos los territorios que componen España. Estamos hablando, en especial, de la financiación. A nadie se le escapa que una de las tentaciones en las que puede caer el Gobierno es solucionar -o al menos anestesiar- el procés con una financiación mejorada para Cataluña. En este sentido, habrá que recordar, una vez más, que cualquier nuevo acuerdo sobre financiación territorial debe contar con el consenso de todas las comunidades. Andalucía ya ha dejado claro que no consentirá que se quiebre la igualdad y solidaridad entre regiones.

Para que las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat se normalicen de verdad, la segunda debe abandonar de una vez su actitud desleal hacia las altas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional o la Corona. Por lo pronto, el Ejecutivo debe cortar de raíz el intento de boicot permanente a la figura del Rey y el ninguneo a la Justicia. De lo contrario, se podría pensar que, más que solucionar una crisis de Estado como la vivida en Cataluña, lo que está haciendo Sánchez es sólo buscar apoyos políticos concretos para sus intereses.

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