La situación política que vive España sólo se puede calificar como altamente preocupante. Pese a la rapidez con la que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron el llamado por ellos mismos "pacto de progreso", cada vez está quedando más claro que el resultado de las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre es prácticamente inmanejable, ya que aboca al país a extravagancias políticas como un Ejecutivo apoyado por una formación como ERC, cuyos líderes están en la cárcel por sedición y que no ceja en su empeño de finiquitar unilateralmente la soberanía nacional. Lejos de moderar su discurso para facilitar la formación del Gobierno PSOE-Podemos, Esquerra Republicana lo ha radicalizado en los últimos días, llegando incluso a humillar a Pedro Sánchez al recordarle lo desesperada de su situación actual. La exigencia, por ejemplo, de una "mesa de gobiernos" donde el Ejecutivo central y la Generalitat se sentarían en situación de igualdad, como si de dos potencias soberanas se tratase, no tiene de hecho otra intención. Por su parte, Podemos, aunque intenta mostrar su cara más posibilista y moderada, no cesa de lanzar mensajes, por vías secundarias, a sus bases más radicalizadas, apostando por un discurso republicano que, al igual que el independentismo catalán, sitúa a la Corona en el punto de mira. Poner en duda instituciones como la Monarquía es, además de una injusticia histórica, una gran irresponsabilidad política, y desvela una vocación antisistema que apenas se puede esconder tras las buenas palabras. La situación se ha tornado tan grave que incluso partidos que habitualmente se consideran posibilistas, como el PNV, se suman al desafío general al Estado avanzando, en colaboración con Bildu, en la redacción de un nuevo Estatuto para el País Vasco que, además de ser claramente anticonstitucional, vulnera algunos de los principios más elementales de una democracia, como la existencia de dos niveles de ciudadanía.

En medio de este panorama desolador, sin embargo, ayer se observó algo de luz con el apoyo que PP y Cs le brindaron al Gobierno en funciones para convalidar parlamentariamente el decreto que permite actuar con contundencia y rapidez contra la llamada república digital catalana. Los socios de Podemos, paradójicamente, se abstuvieron. Esta votación dejó claro que las fuerzas constitucionalistas y moderadas tienen margen para llegar a acuerdos que permitan al país esquivar el abismo al que algunos se han empeñado en llevarlo.