Una de las cosas que está evidenciando la pandemia de coronavirus es la necesidad de contar con una sanidad pública mejor dotada. No sólo con más personal y mejores medios técnicos, sino también mejor organizada y gestionada. Pruebas de que en este último aspecto la sanidad andaluza es manifiestamente mejorable han sido los atascos producidos en la Atención Primaria debido al Covid-19 y la incapacidad de montar con rapidez un sistema de rastreadores extenso y eficaz. De hecho, la sanidad pública, debido a sus limitaciones, sólo realiza pruebas diagnósticas del Covid si el paciente tienen síntomas evidentes de la enfermedad o hay constancia de que ha estado en contacto con un positivo, lo cual ha dificultado mucho la contención del virus. Por contra, cada vez han sido más los ciudadanos que han acudido a clínicas y hospitales privados para hacerse estas pruebas -previo el lógico pago del importe- y así descartar que estaban infectados. Las razones: la atención rápida, sin citas, y el uso de técnicas pioneras por parte de la privada. No se trata de entrar en el absurdo debate de si hay que primar lo público sobre lo privado o viceversa -una discusión que suele estar cargada de muchos prejuicios ideológicos-, sino de poner de relieve la necesidad de que la sanidad pública, que debe seguir siendo una de las joyas de la corona de nuestro Estado del Bienestar, puede y debe aprender de experiencias ajenas. La colaboración público-privada no debe ser algo que se limite a los conciertos y subcontratas de determinados hospitales y servicios, sino que también debe extenderse al intercambio de información sobre formas de gestión que se han revelado como más ágiles para atender a los pacientes. Sobre todo hay que comprender que la sanidad privada, además de ser un negocio, es un sector en el que trabajan miles de profesionales igual de comprometidos con la salud de los ciudadanos que los de la pública. De su trabajo, a la vista está, se puede aprender mucho.