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Una reforma necesaria pero sin prisas

Muchas veces se apelan a unanimidades imposibles para negar unas reformas que, sin embargo, todos dicen desear

La reforma constitucional propuesta por el presidente Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos de los políticos obedece a una maniobra de regateo corto, para recobrar la iniciativa y poner en un aprieto al PP, cuyo líder espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre su polémico máster. La propuesta conlleva una reforma constitucional que requiere, además, de un acuerdo mayoritario en las dos Cámaras, un trámite pausado, que debería incluir la remisión de informes desde el Consejo de Estado, así como la reunión y dictamen de la ponencia constitucional. No es negativo que la Constitución se reforme; de hecho, uno de los problemas de nuestro desarrollo constitucional han sido las escasas reformas del texto si se compara con lo sucedido en otros países de nuestro entorno democrático. Ahora bien, asumido que la iniciativa tiene su origen en el apuro coyuntural de un presidente, lo que es cierto es que los aforamientos en España son una anomalía en el contexto constitucional europeo. Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, jueces, fiscales, policías, miembros del Tribunal de Cuentas. En el fondo, lo que se evidencia es una tremenda desconfianza de los legisladores y de los propios jueces y fiscales al proceder jurídico español. ¿A qué viene tanta cautela? Y en la superficie lo que se aprecia es la creencia de que los jueces del Supremo o de los tribunales superiores tratarán mejor a los servidores públicos que los ordinarios. Por eso no está mal que comience el trámite de reforma o eliminación de los aforamientos, incluso si es necesario una reforma constitucional, pero entendemos que se debe hacer de modo pausado para que su resultado sea eficaz. Hay que pensar si los delitos ligados a la actividad del diputado deben seguir estando dentro de ese contorno de protección; analizar si se debe extender a los jueces, para lo que hay que contar con el Consejo General del Poder Judicial, y promover las reformas en las comunidades autónomas. No puede ocurrir que los diputados y senadores dejen de ser aforados, y que en cada uno de los 17 parlamentos regionales se siga blindando a los representantes públicos. Las reformas necesitan consensos, pero éstos no pueden ser utilizados para no cambiar nunca nada y, en cualquier caso, lo que se requiere es lo que exigen la ley en cada uno de los casos. Los tres quintos, los dos tercios o la mayoría absoluta. Algunas veces se apela a unanimidades inalcanzables para demorar y demorar unas reformas que, por otra parte, ninguno de los partidos niega.

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