El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, vuelve a estar en el centro de la polémica mediática y política al haber trascendido que es propietario del 25% de una sociedad offshore ubicada en Panamá que tiene en propiedad un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba valorado en 550.000 euros. Moix ya se ha apresurado a dar las explicaciones pertinentes: esta sociedad, llamada Duchesse Financial Overseas, forma parte de una herencia que comparte con sus hermanos y no ha podido ser disuelta debido a que los gastos de liquidación son inasumibles para alguno de los propietarios. Asimismo, el fiscal Anticorrupción ha indicado que la sociedad está debidamente declarada a Hacienda.

Corresponde a la Justicia, no a los periódicos, determinar si ha habido algún tipo de comportamiento irregular por parte de Moix en este asunto. Sin embargo, sí se puede afirmar que no es lo más apropiado ni lo más estético que el fiscal Anticorrupción tenga una sociedad en uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. De hecho, las tres principales asociaciones del gremio, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la conservadora Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, mostraron ayer su estupefacción ante la noticia y exigieron a Moix que dé inmediatas explicaciones. Como dijo Miguel Pallarés, portavoz de los fiscales independientes "al frente de la Fiscalía Anticorrupción no puede estar una persona vinculada con un paraíso fiscal. La ciudadanía no lo entendería". Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, volvió a echar balones fuera respecto a Moix -quien ya fue acusado por sus compañeros de obstaculizar la operación Lezo- al decir que no conoce las "cuestiones tributarias o patrimoniales de ningún fiscal".

Es evidente que la situación de Moix es ya insostenible y que el Gobierno y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza -quien ayer dijo que tiene que "enterarse bien de los hechos"-, deben tomar de una vez medidas al respecto. Un Estado democrático y serio, como es España, no puede tolerar que su fiscal anticorrupción esté permanentemente bajo sospecha. Noticias como las de Moix hacen que crezca la desafección de los ciudadanos hacia las principales instituciones del Estado, más en unos momentos en los que el hedor de la corrupción es de una intensidad casi insoportable.