El Congreso de los Diputados autorizó en la madrugada de ayer al Gobierno para prorrogar quince días más el estado de alarma, con lo que ya será un mes lo que los ciudadanos tendremos que permanecer recluidos en nuestras casas mientras la economía sufre un preocupante proceso de deterioro. El presidente Sánchez, como no podía ser de otra forma, logró un amplísimo apoyo por parte de la oposición. Son momentos de cerrar filas y apoyar al Ejecutivo en medidas como ésta, que son indispensables para derrotar al coronavirus. La sociedad española no hubiese entendido que el PP o Ciudadanos no apoyaran una medida que, por desgracia, probablemente haya que volver a ampliar. Ahora mismo, lo más importante son las vidas de las personas y la seguridad de los miles de profesionales que, en diferentes ámbitos, están luchando contra la pandemia. Sin embargo, el apoyar la prórroga del estado de alarma no puede suponer que la oposición no cumpla con su labor de fiscalizar la acción del Ejecutivo, algo fundamental para que una democracia funcione. Y más cuando es evidente que han existido numerosos fallos en la gestión de una crisis que ya se ha cobrado la vida de más de 4.000 conciudadanos. En estos momentos es más necesario que nunca que la oposición se comporte con responsabilidad y patriotismo. También la prensa y todos los medios de comunicación generadores de opinión pública. Pero eso exige que no omitan la crítica mesurada y razonada. Un ejemplo claro lo vemos en el incomprensible error cometido por el Gobierno en la compra de 9.000 test rápidos para detectar a los infectados por el coronavirus -un paso fundamental para luchar contra la enfermedad-, los cuales han tenido que devolverse al ser del todo inútiles para dicha función. Lo grave es que el lote fue validado por el Centro Nacional de Epidemiología y por un hospital madrileño, aunque posteriormente se comprobó que su eficacia no correspondía a lo consignado en el certificado de calidad. El Gobierno dice que la empresa va a reponer otros que sí son válidos, pero lo cierto es que se ha hecho el ridículo y, lo que es más grave, el tiempo y el virus siguen avanzando. ¿Sería lógico que no surgiesen voces políticas y mediáticas que criticasen tal metedura de pata y exigiesen explicaciones? Eso sería propio de una sociedad verdaderamente enferma o de una dictadura. En general, la cuestión de los test es uno de los puntos más débiles de la gestión de la crisis por parte del Gobierno, como ya se está apuntando desde la misma comunidad científica. España tiene laboratorios públicos cerrados e investigadores cualificados con los brazos cruzados. ¿A qué espera el Gobierno para movilizarlos?