La primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó como resultado un tímido avance en la negociación entre los dos partidos mayoritarios para renovar los órganos institucionales -fundamentalmente, el Consejo General del Poder Judicial- y ningún acuerdo en medidas que permitan abordar desde posiciones de consenso la difícil situación económica que atraviesa el país, agravada por la guerra de Ucrania. Pobre balance, sobre todo si se tienen en cuenta las expectativas que había despertado el encuentro celebrado ayer en la Moncloa. El nuevo tono de Núñez Feijóo, evidente desde su elección en el congreso de Sevilla del pasado fin de semana, suponía un claro cambio de discurso con respecto al de oposición cerrada y total que había representado su antecesor, Pablo Casado. El todavía presidente de la Xunta de Galicia llegaba a su encuentro con Sánchez con un talante abierto, pero con unas prioridades muy claras, que se traducían en la necesidad de abordar una rebaja fiscal como medida básica para hacer frente a la pérdida de poder que están sufriendo las clases medias. Ahí iba a chocar inevitablemente con las hipotecas que tiene que pagar el presidente del Gobierno a sus socios coaligados y a sus apoyos parlamentarios, con lo que un acercamiento se presumía muy complicado. Sin embargo, hay que alejar cualquier análisis derrotista de la reunión de ayer. Se han desbloqueado los contactos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y se ha establecido un clima nuevo en el que al menos va a haber comunicación institucional al máximo nivel. Ahora, por lo menos, se hablan. Hasta dónde van a ser capaces es algo que todavía está por ver. Pero no cabe duda de que España está en una situación que va a requerir sentido de Estado y dejar atrás los intereses puramente electoralistas. Será la ciudadanía la que termine juzgando si los líderes de los dos partidos que sustentan el sistema democrático están o no a la altura.