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A la espera de la sentencia del Tribunal Supremo

Los independentistas intentarán usar el día de la sentencia como una última oportunidad de reanimar un agonizante 'procés'

Los partidos y entidades independentistas celebraron ayer el segundo aniversario del referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 escenificando su unidad -últimamente puesta en cuestión- a la espera de la inminente sentencia del Tribunal Supremo por aquellos graves hechos que intentaron hacer saltar por los aires la soberanía nacional española y el Estado de Derecho. La jornada, que se había vendido por el independentismo como un ensayo general del día de la sentencia, transcurrió a medio gas sin que en ningún momento se comprometiese el normal funcionamiento de esta región. Eso sí, los políticos independentistas quisieron escenificar su unidad con una foto y un incendiario llamamiento a la "desobediencia civil" si la sentencia del Supremo es condenatoria, como todo indica que va a ser. Sin embargo, cualquier seguidor de la actualidad catalana sabe dos cosas: lo primero es que, pese a las proclamas y los comunicados comunes, el movimiento soberanista está más dividido que nunca y nada indica que vaya a reconstruir la unidad perdida más allá de algunos momentos cargados de emotividad y dramatismo, como la ya citada jornada de la sentencia; y lo segundo es que la población catalana está mostrando cada vez más fatiga ante un conflicto al que no le ve solución posible y que está dañando claramente la economía y la imagen de Cataluña, además de fracturar la sociedad en sus niveles más domésticos. Así las cosas, todo indica que los independentistas catalanes intentarán usar el día de la sentencia como la última oportunidad de resucitar un procés que da señales claras de decaimiento.

Pero, independientemente de que el procés esté en sus horas más bajas, el Gobierno de la nación, pese a que esté en funciones, no puede tolerar ninguna "actitud de desobediencia", sobre todo si se trata de las instituciones que se supone forman parte del Estado de Derecho. El Ejecutivo debe estar muy vigiliante para que la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos cumplan estrictamente la legalidad. En caso contrario, ya sabe que tiene una herramienta de intervención altamente eficaz: la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta medida ya se probó una vez sin que supusiese el apocalipsis que algunos profetizaron, por lo que los servidores públicos tienen una preciosa experiencia acumulada. El Estado, sencillamente, no puede tolerar que un sector de la sociedad, por muy amplio que sea, ignore las normas más elementales de un Estado de Derecho.

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