La tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) en pleno estado de alarma ha puesto precisamente en alerta a muchos colectivos profesionales y sociales del sector de la educación especial en España. Aunque desde el Gobierno, vista la reacción de las partes afectadas, se ha asegurado que en ningún momento se van a cerrar los centros educativos especializados, la propuesta de articulado de esa ley deja todas las puertas abiertas y, dentro de la ambigüedad con la que se construyen últimamente las leyes en España, permitiría su desaparición. La disposición adicional 4ª de esta ley que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios, fundamentalmente de Unidas Podemos, alimenta toda duda: en diez años los centros educativos actuales deberán disponer de las medidas y recursos necesarios para atender a los alumnos con necesidades especiales. ¿A quién pretende engañar el departamento de Isabel Celaá, que, dicho sea de paso, en el asunto de la vuelta a las aulas por la crisis sanitaria no para de dar palos de ciego? ¿No es suficiente el desconcierto y desasosiego que el Ministerio de Educación está causando a millones de familias desde que se originó la pandemia como para que también ahora, sin necesidad alguna, extienda esa incertidumbre a las personas con necesidades educativas especiales y a sus familiares? La educación especial y la supresión de los centros educativos dedicados expresamente a ella son una obsesión desde hace tiempo para Unidas Podemos, que presiona -ahora desde el Gobierno- al PSOE para llevar a cabo una medida que ni los propios progenitores de los alumnos afectados quieren. Una decisión de ese calado (en España existen más de medio millar de centros de educación especial donde estudian 37.000 alumnos) no puede llevarse a cabo sin un amplio consenso y mucho menos sin evaluar las consecuencias de todo tipo que conllevaría: económicas, laborales y educativas. La integración de alumnos con necesidades especiales en los centros escolares es por fortuna una realidad desde hace muchos años en nuestro país, pero existen diferentes tipos de discapacidad y no se puede adoptar una medida genérica cuando el abanico es tan amplio. Estamos ante un nuevo caso de falso progresismo y de un innecesario debate sobre una supuesta "segregación" que no es tal pero que vende bien ante el electorado de la izquierda más radical. El Gobierno no puede dar luz verde a la desaparición de unos centros que realizan una gran labor, muy necesaria y totalmente compatibles con la integración.