El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado a mediodía de hoy al líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, con vistas a recoger el guante de la oferta de pactos de Estado que éste hizo en la primera sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. La reunión entre ambos debe considerarse como un síntoma positivo: el diálogo entre las dos formaciones que han sido protagonistas de la gobernanza de España desde 1982 se nos antoja imprescindible. Y aún lo es más que sea posible ese diálogo pese al clima de tensión que se vive desde la investidura, por el rechazo que crea en el PP y otros partidos de la oposición los apoyos de partidos independentistas a la formación de este Gobierno, el primero de coalición desde la restauración democrática. Son muchas las cosas que separan a PSOE y PP, pero la fundamental radica en el diálogo bilateral entre los ejecutivos del Estado y de Cataluña, una mesa de negociación de incierto resultado y que fue el peaje que los socialistas tuvieron que pagar a ERC para que sus diputados permitiesen la investidura. A esa discrepancia principal se une el pase directo de la ministra deJusticia al puesto de fiscal general del Estado o la polémica por la cita entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida su entrada en la UE, y sobre la que el Gobierno ha dado distintas versiones contradictorias. Frente a la distancia que en esos asuntos, y en algunos más, mantienen el Gobierno y el primer partido de la oposición, es bueno que haya espacio para la comunicación y -ojalá- para el acuerdo en cuestiones de Estado. Entre ellas está la renovación del Consejo General del Poder Judicial -en funciones desde 2018- o de la composición del Tribunal Constitucional. Es previsible que en la cita queden de manifiesto las cuestiones que les separan, singularmente el rechazo que al PP le produce que la gobernabilidad esté a expensas de grupos que abiertamente quieren romper principios básicos de la convivencia democrática y del consenso constitucional, como la indivisible unidad del Estado. El desencuentro en las políticas económicas también es evidente, con rechazo a los planes del Ejecutivo de subir impuestos y gasto público. Pero desde sus posiciones diferenciadas, el Gobierno y el principal partido de la oposición pueden y deben hablar -pactar en su caso- cuestiones que nos afectan a todos y que necesitan del consenso para que las soluciones que se adopten sean duraderas. La reforma del sistema de pensiones es una de ellas. Por todo ello, celebramos que el diálogo sea posible y se imponga a cualquier desencuentro ideológico o sobre la acción de Gobierno.