Un conflicto fuera de cauce

El desacuerdo por el convenio del metal en Cádiz nunca debió saltar a la calle y sólo podrá resolverse en la mesa de negociación, no con actos violentos

La huelga indefinida de los trabajadores acogidos al convenio sectorial del metal en la provincia cumplirá hoy su novena jornada consecutiva, en las que se suceden los actos violentos y los enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ayer mismo volvieron a producirse cargas policiales en el desarrollo de la manifestación convocada en la capital en apoyo de los huelguistas. El conflicto radica en la ausencia de un acuerdo para renovar este convenio colectivo que afecta a unos 20.000 empleados de la provincia gaditana y que expiró hace casi once meses, el 31 de diciembre de 2020. La negociación se mueve en los parámetros habituales en las relaciones entre las patronales sectoriales y los sindicatos de clase que representan a los trabajadores: cuantías de la revisión salarial y vigencia del convenio son los principales elementos del desacuerdo entre las partes. El elemento diferencial se produjo el mismo martes 16 en el que arrancó la huelga indefinida: la presencia de piquetes violentos en los accesos a las grandes industrias que radican en las dos bahías: la de Cádiz y la de Algeciras. Instalación de barricadas, lanzamientos de piedras y objetos contundentes a la Policía, cortes de carreteras y líneas férreas sin autorización. El conflicto se llevó deliberadamente a la calle y con el uso de indeseables métodos violentos. Para agravarlo, el alcalde de Cádiz, José María González, decidió ejercer de agitador ideológico, megáfono en mano, lo que le inhabilita para ejercer el papel de mediador que ahora quiere arrogarse. Para resolver este conflicto laboral, la única solución viable es devolverlo exclusivamente a su ámbito natural: la mesa de negociación. Y ello supone el cese de toda protesta no autorizada y violenta. El daño reputacional que tendrá convertir este desencuentro laboral en un conflicto social violento va en contra no sólo del sector, formado sobre todo por pymes, sino de la provincia y de toda Andalucía como emplazamiento confiable en el que invertir.

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