El segundo juicio por el caso Mercasevilla ha finalizado con una condena menor para su ex director Fernando Mellet y la obligación de devolver 16.412 euros por haber pagado unos estudios en Londres a la hija del presidente de los mayoristas del pescado. Los otros 13 acusados han sido absueltos. El anterior juicio por Mercasevilla, el que juzgaba una supuesta mordida a los propietarios del restaurante La Raza, también se saldó con dos condenas menores de inhabilitación y una multa de 600.000 euros. Los hechos son graves, pero ridículos si se considera que la juez de Instrucción Mercedes Alaya procesó no sólo a los responsables de Mercasevilla, sino a varios políticos del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Mercasevilla engulló al Ayuntamiento. El hoy ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido fue el encargado de poner una denuncia que, según anunció desde el principio, estaba llamada a convertirse en un caso de repercusión nacional. Hasta dio una rueda de prensa en la sede nacional del PP en la calle Génova. Y así fue, la instrucción de Mercedes Alaya derivó en el caso de los ERE, al investigar el expediente de regulación de empleo en Mercasevilla, y acabó con dos ex presidentes de la Junta en el banquillo más decenas de acusados y cientos de imputados. A la espera de saber la sentencia de los ERE, pero conocido ya lo que está ocurriendo con Mercasevilla, hay que concluir que a los investigados se les sometió a una exposición pública desmesurada y que se consiguió, debido a muchos actores, abrir una suerte de causa general; primero, contra el gobierno municipal de la ciudad de Sevilla, y después, contra los gobiernos de la Junta. El PP recurrió al Código Penal para hacer oposición y contó para ello con el apoyo de un engranaje judicial y policial que funcionó gracias a los altos niveles de indignación que había en la opinión pública respecto a los políticos. Las detenciones, las operaciones policiales y los extensos interrogatorios dibujaron un escenario de corrupción generalizada que ahora comienza a resultar ridículo en cuanto a la dimensión con la que se quiso plantear. Diez años ha tardado la Administración judicial en producir estas sentencias, aunque hay que estar satisfechos con un sistema que no presupone condena ni absoluciones, aunque el proceso llevaba dentro la pena para personas que vivían de su exposición a la opinión pública. Y no sólo ha sido Mercasevilla, el caso político de los cursos de formación que también abrió Alaya se saldó con la exoneración de todos los imputados.