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Esta semana se cumple un año del pacto que lograron alcanzar la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica para salvaguardar el futuro de Doñana, un enclave natural de incalculable valor para Andalucía, España y Europa, especialmente preocupada por su conservación. El acuerdo firmado el pasado 27 de noviembre de 2023 entre Juanma Moreno y Teresa Ribera, ya ratificada vicepresidenta de la Comisión Europa como apuesta principal de Ursula von der Leyen, fue histórico por su inversión, 1.400 millones de euros en cuatro años, porque lo suscribieron dos gobiernos de distinto color político y porque demostró el interés real de ambas administraciones por salvaguardar el espacio natural, tras la proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz por PP y Vox para declarar regable una superficie de unas 800 hectáreas aledañas al parque, que suscitó el rechazo de la Unesco, Bruselas y la comunidad científica.
Principalmente, este acuerdo ofrecía a los agricultores una compensación de 100.000 euros por hectárea para que dejaran de cultivar sus tierras, sea para dejarlas como terreno baldío o para uso forestal, ya que los cultivos ilegales, principalmente de fresa, se habían convertido en un problema para el futuro de Doñana. Un año después de la firma de ese pacto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recuerda que el parque aún soporta el “periodo seco más largo desde 1970” y que el nivel del acuífero sigue en descenso, aunque se está sacando menos agua. Por tanto, pese a que el balance del acuerdo es positivo, porque se están dando pasos importantes para la reconversión de una zona, 14 municipios entre las provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, que vivían en buena parte de estos cultivos, convendría exigir una mayor diligencia en la ejecución de las medidas que se negociaron para evitar pasos atrás.
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